La CPE establece que los legisladores tienen 60 días; si en este tiempo no se sanciona el presupuesto, se dará por aprobado y regirá su ejecución.
Si dentro de los plazos establecidos, 60 días, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el PGE 2025, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el proyecto entrará en vigencia pasado este tiempo.
Delfor Burgos, quien ocupa la Primera Secretaría de la Cámara de Diputados, explicó que por normativa la Asamblea Legislativa tiene 60 días para aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, instrumento de planificación gubernamental que refleja los recursos y gastos fiscales de todos los niveles del Estado, pero que si no se aprueba en este tiempo, se puede aplicar lo que dice la CPE.
La posibilidad surge por las amenazas de boicot de los parlamentarios evistas que advierten de que no permitirán que sesione el pleno de la Cámara Baja, porque no reconocen a la nueva directiva, presidida por Omar Yujra, respaldado por la mayoría de los diputados en ese ente legislativo.
Burgos espera que se logre restablecer el trabajo en Diputados y aprobar el PGE 2025, proyectos de inversión y propuestas de normas sociales, que son para favorecer al conjunto de la población boliviana.
Potestad
La Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 158 indica que la ALP tiene la potestad de aprobar el PGE, pero de no hacerlo en el numeral 11 prevé una salida que indica que “cumpliéndose los plazos establecidos” de 60 días, el presupuesto “se dará por aprobado”.
En este contexto, podría repetirse la misma figura legal del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024
En 2023, ante la falta de consenso entre diputados y senadores de la Asamblea Legislativa y en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.
La situación no es nueva, sus antecedentes se remontan a 2010, cuando tampoco la Asamblea Legislativa logró aprobar el presupuesto y tuvo que ingresar en vigencia.
“Como establece el numeral 11 del artículo 158 de nuestra Constitución y sin necesidad de decretos, el Presupuesto 2024 rige a partir de este 1 de enero”, aclaró en este entonces el diputado del MAS-IPSP Juan José Jáuregui.
El presupuesto garantiza la inversión pública para la siguiente gestión.
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