La acción iniciada por el diputado chileno Mauro González, en colaboración con la diputada Marcia Rafael, ambos de Renovación Nacional (derechista), en contra de la Ley Lafkenche, ha sido calificada de “tramposa”, de “racismo institucional”, acto que además es considerado inconstitucional, sumando las acusaciones de “discurso de odio” contra el diputado González.
“RN el nuevo cónclave salmonero”: El emplazamiento al diputado Mauro González por indicación contra Ley Lafkenche y discurso de odio
El diputado Mauro González (RN), del Distrito N°26 de la Región de Los Lagos, ha desatado una fuerte polémica al impulsar una indicación dentro de la Ley de Presupuestos 2025 que suspende temporalmente las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). La medida también establece un plazo de seis meses para resolver las solicitudes pendientes, tras el cual se aplicaría un mecanismo de «silencio administrativo negativo», no contemplado en la Ley Lafkenche (20.249).
La acción del diputado, en colaboración con la diputada Marcia Rafael (RN, derechista), ha sido calificada de «tramposa». En una reciente publicación, la agrupación Defendamos Chiloé, advirtió que «la medida afecta directamente al trabajo y la subsistencia de pescadores artesanales, mujeres recolectoras de orilla, algueros(as) y mujeres jefas de hogar».
Sin embargo, el diputado González respondió en redes sociales atacando y amenazando a Defendamos Chiloé: «¡Qué manera de MENTIR Defendamos Chiloé, ya no tienen vergüenza! Los únicos que van a quedar sin trabajo son las ONGs y ustedes como activistas ideológicos», agregó. También acusó a la organización de buscar «frenar el desarrollo laboral, social y económico de la región».
Sin embargo, diversos actores han reaccionado, entre ellas, la concejala y alcaldesa suplente de la comuna de Ancud, Ruth Caicheo, quien señaló en redes sociales: “Ya es tiempo que el Diputado Mauro González comience a respetar a los pueblos Originarios. Actualmente está vigente la Ley Indígena, Ley Lafkenche y convenio internacional 169 ratificado en Chile, no es posible que en el último tiempo solo actúe sobre los intereses de la Industria Salmonera y no sobre los derechos fundamentales de los habitantes originarios. Es un acto discriminatorio contra nuestro Pueblo”.
¿Qué dicen las comunidades de PPOO defensoras de los espacios costeros marinos?
Sin embargo, lo que ha difundido Defendamos Chiloé, es lo que vienen denunciando diversas comunidades de pueblos originarios. Yohana Coñoecar, vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, condenó la medida de Mauro González y Marcia Rafael por considerarla discriminatoria. «Esto refleja un racismo político contra las comunidades indígenas y una defensa acérrima de los intereses de la industria», señaló. Además denunció que «buscan intimidar al gobierno para que no declare la inconstitucionalidad de esta indicación».
Leticia Caro, integrante de la comunidad Kawésqar Nómades del Mar, también criticó la cuestionada indicación. «Nos oponemos rotundamente a la indicación ingresada por los diputados González y Rafael. Atenta de forma directa contra los pueblos indígenas y sus derechos consagrados, además de demostrar un notable desprecio hacia la ancestralidad marítima de nuestros pueblos».
La Identidad Territorial Lafkenche, a través de una declaración pública, alertó en marzo de 2024 sobre una agresiva «campaña de desinformación» liderada por sectores políticos y empresariales, vinculados a la industria salmonera, que buscan desacreditar la Ley Lafkenche. Esta normativa, aprobada en 2008, protege los usos consuetudinarios del borde costero de los pueblos originarios frente a vulneraciones ambientales y económicas.
Contrario a lo que plantea Mauro González, comunidades de Quinchao, pescadores artesanales acordaron gestionar en conjunto la caleta de Achao, subrayando que «el diálogo que facilita la Ley Lafkenche puede superar tensiones generadas por intereses externos». Esto refuerza la importancia de esta ley en promover la convivencia territorial.
La dirigente Yohana Coñoecar destacó que «los grupos políticos que impulsan estas medidas están alimentando el rechazo en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes, poniendo en riesgo la convivencia social y la protección de los ecosistemas». Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre los intereses político-empresariales y los derechos indígenas en Chile.
Cónclave salmonero
Una de las críticas que han manifestado organizaciones defensoras de Chiloé, es que este tipo de parlamentarios se han convertido en el nuevo “conclave salmonero”. Defendamos Chiloé publicaba el 22 de noviembre “Renovación Nacional nuevo cónclave salmonero”.
Otra de las polémicas del parlamentario Mauro González, fue cuando participó de una marcha promovida por sectores ligados a la industria salmonera en contra de las solicitudes de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) de la denominada “Ley Lafkenche”, realizada el 08 de mayo, sin embargo, lo hizo mientras debía cumplir sus obligaciones laborales legislativas en el Congreso de la República y a su vez, se hizo parte, según denuncian diversas comunidades y organizaciones indígenas, de una campaña de desinformación en contra de la normativa que promueve la gobernanza participativa del borde costero.
Los abogados Felipe Guerra y Christian Paredes Letelier, señalaron en una reciente publicación en Ciper Chile: “La estrategia de utilizar la vía financiera de la Ley de Presupuestos para innovar en el contexto de leyes vigentes”, atenta contra la constitucionalidad y existen precedentes al respecto» y gregaron que “Más grave aún es el hecho de que este intento oblicuo por modificar la Ley Lafkenche vulnera abiertamente diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que emanan de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes, como lo es el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa frente a la adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar directamente sus derechos e intereses, consagrado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT”.
Fuente: Indymedia.org
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