por Alfonso Insuasty Rodríguez
El actual proceso de expansión del paramilitarismo en Colombia constituye una grave amenaza a la paz y la estabilidad. El fortalecimiento de grupos como el Clan del Golfo, sumada a la complicidad entre actores criminales, empresarios, militares y sectores del Estado, revela profundas falencias en el modelo de seguridad del país.
Comprender el paramilitarismo es ir más allá de ser asumido solo como un fenómeno criminal, sino que debe analizarse como un síntoma de una crisis social más profunda.
El Rearme Paramilitar y la Lucha por el Control Territorial
El paramilitarismo en Colombia se configura como una herramienta funcional al modelo económico neoliberal extractivo, tanto en el ámbito rural como urbano.
Su persistencia responde a intereses que buscan consolidar el control territorial para facilitar actividades como el narcotráfico, la ganadería, la agroindustria, la minería ilegal, la especulación del valor y uso del suelo y la apropiación de tierras.
Investigaciones recientes, como las de Revista Raya y Señal Colombia Investigativa, informes de prensa y el informe de la Caravana Humanitaria (2024) documentan la expansión y reposicionamiento del paramilitarismo para expandir su influencia mediante acuerdos con empresarios, clanes políticos, militares, exparamilitares y narcotraficantes, asegurando recursos significativos que financian su capacidad operativa.
La investigación inicial, respaldada por documentos de inteligencia militar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, revela cómo el Clan del Golfo busca expandir su poder en el oriente de Antioquia y a nivel nacional.
El grupo ha llevado a cabo reuniones con empresarios y exjefes paramilitares de las AUC para consolidar su expansión, incluyendo un aporte millonario de narcotraficantes y empresarios en el Magdalena Medio. En una reunión celebrada en abril en Granada (Antioquia), se definió la creación de una nueva estructura criminal, el Frente Carlos Mauricio García, en honor al exparamilitar «Doble Cero», responsable de numerosas masacres en la región.
En esta lógica, el paramilitarismo no solo garantiza el control sobre economías ilícitas, sino que también actúa como un actor clave en la gobernanza criminal.
La urbanización del conflicto, detallada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), evidencia cómo estos grupos adaptan tácticas para cooptar bandas locales, tercerizando actividades como extorsión y microtráfico en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cúcuta, entre otras.
Estas dinámicas consolidan una estructura paralela de poder que, en muchos casos, sustituye o colabora tácitamente con el Estado.
Elementos como la «libreta de Zeus«, analizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, ilustran la conexión directa entre actores paramilitares, empresarios y sectores estatales.
Estos vínculos permiten una impunidad sistemática que refuerza la expansión del paramilitarismo y su funcionalidad económica.
En regiones como Arauca, Sur de Bolívar, Antioquia, Chocó y el sur occidente de Colombia, documentadas por el “Informe Caravana Humanitaria”, las comunidades enfrentan desplazamientos, confinamientos y violaciones sistemáticas de derechos humanos, mientras el paramilitarismo continúa operando como un instrumento de coerción y acumulación.
Este contexto subraya que la consolidación de estos actores no es un fenómeno aislado, sino una pieza central de un sistema que perpetúa desigualdades estructurales, mientras facilita el saqueo de recursos y la explotación laboral.
Frente a esta realidad, una transformación requiere desmantelar no solo las estructuras armadas, sino también y sobre todo, los intereses económicos y políticos que se benefician de ellas.
Esto demanda una intervención estatal decidida, coherente, sostenida, que priorice los derechos humanos y la justicia social sobre la perpetuación de modelos extractivos y violentos.
Un fenómeno que persiste y se adapta, aún el proceso de sometimiento de grupos paramilitares en el 2005 y el posterior acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Estado colombiano (2016).
Complicidad Estatal y Continuidades de la Violencia
El paramilitarismo en Colombia es un engranaje clave dentro de un modelo económico neoliberal de acumulación extractiva, tanto en lo rural como en lo urbano.
Este fenómeno, anclado a redes de corrupción institucional, clanes políticos y élites económicas y militares, perpetúa un país en caos del cual estas mismas élites se benefician.
Lejos de ser un problema aislado, el paramilitarismo es funcional para garantizar la explotación de recursos y el control social mediante la violencia, en muchos casos, en connivencia con sectores estatales que facilitan su impunidad.
La expansión de grupos como el Clan del Golfo hacia ciudades como Medellín, Cali y Cúcuta, evidencia la «urbanización del conflicto», en la cual las dinámicas paramilitares se adaptan al contexto urbano para controlar economías ilícitas como el microtráfico y la extorsión.
Mientras tanto, en las áreas rurales, el desplazamiento forzado y las violaciones a los derechos humanos persisten como estrategias de control territorial. Testimonios recopilados en regiones afectadas confirman la vulnerabilidad extrema de comunidades periféricas que enfrentan un ciclo de violencia perpetuado por complicidades estatales y judiciales.
El rearme y reposicionamiento paramilitar reflejan las falencias estructurales de las políticas de seguridad y justicia. Este fenómeno subraya cómo las comunidades marginadas siguen siendo vistas como espacios de disputa y no como sujetos de derechos, profundizando la exclusión y la desigualdad.
Las élites que articulan este modelo extraen beneficios tanto económicos como políticos del caos que el paramilitarismo alimenta, asegurando así la continuidad de su poder.
En este contexto, es crucial profundizar en la comprensión del paramilitarismo como fenómeno que trasciende las dinámicas locales para insertarse en un entramado global.
Es necesario examinar el papel de las transnacionales mineras, de energía, agroindustriales y ganaderas en la consolidación de estas estructuras de control y violencia, así como identificar continuidades históricas que revelan cómo el caos beneficia a estos actores.
Además, se hace necesario ahondar en un tema poco tratado, es la incidencia de la DEA y su rol en perpetuar un escenario de confrontación, especialmente en el marco de un momento geopolítico marcado por disputas hegemónicas.
Esta disputa en el marco de un nuevo orden mundial multipolar ha incentivado una política de reposicionamiento estratégico militar de los Estados Unidos, expresado en una creciente militarización de la región que refuerza dinámicas de dominación, justificadas bajo el argumento del control de narcóticos y la estabilidad regional, pero que terminan perpetuando ciclos de violencia y dependencia.
Abordar esta problemática requiere no solo desmantelar las estructuras paramilitares, sino también transformar las instituciones cooptadas, reevaluar las relaciones militares con los Estados Unidos y la OTAN, el modelo económico extractivo, fortalecer la justicia social y garantizar una participación comunitaria activa en la gobernanza territorial.
Sin un enfoque integral que ataque las raíces de la exclusión y la injusticia, cualquier intento de paz será superficial y temporal.
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