por Blanca Moncaleano
Colombia vive un conflicto político y social profundo dirimido con las armas: unos para cambiar las condiciones injustas a las que someten al pueblo y otros para defender el estado de cosas que impone esas condiciones injustas.
Los que hemos tomado las armas para cambiar las condiciones injustas de Colombia, somos las y los insurgentes. Voces del pueblo que han tenido diversas expresiones armadas, hoy en día el ELN es la organización que continúa en armas buscando transformar el país, luego que las demás organizaciones rebeldes entregaran las armas.
La oligarquía encabeza a quienes han tomado las armas para impedir los cambios, históricamente ellos han tenido el poder político y militar institucional en Colombia, que por ser insuficiente para evitar que el pueblo colombiano pueda transformar el país, han creado otros poderes armados apoyados de una u otra forma por la institucionalidad.
Una historia de agresión al pueblo
En la guerra colombiana, Estados Unidos ha intervenido apoyando a la oligarquía colombiana; en 1947 planeó el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948; en los años 60, vinieron a asesorar a las Fuerzas Militares y las entrenaron en la Escuela de las Américas. Con esta asesoría, para la década de los 80, Colombia se convirtió en el principal exportador de cocaína del mundo, negocio que mantiene a los grupos narcoparamilitares, quienes fueron entrenados por mercenarios israelíes contratados por el Estado, para perseguir y acabar con todo movimiento social y político del país, con métodos sanguinarios.
La década de los 90 inició con la Constituyente y continuó con el fortalecimiento de los paramilitares, la estrategia de guerra fue atacar a la población civil. Finalizando la década del 90 e iniciando el nuevo siglo, se dieron masacres en todo el país: la mayor tasa de personas desaparecidas de la historia del continente, más de 8 millones de refugiados, el despojo de tierras que fue legalizado institucionalmente. Se firmó el Plan Colombia, supuesta ‘cooperación’ de EEUU hacia Colombia, que incluyó el entrenamiento de las fuerzas, la venta de armamento, el equipamento de la Fuerza Aérea y Naval, todo con tecnología obsoleta que no usaban fue vendida a nuestro país, comprada con plata que ellos nos prestaron.
El principal propósito fue la ‘guerra contra las drogas’: erradicar la producción de hoja de coca y el procesamiento de cocaína. Inundaron los campos con fumigación aérea de glifosato que hacían pilotos gringos. Además de la participación de mercenarios en operaciones de contrainsurgencia dirigidas contra la población colombiana, como ha sido documentado en sinfín de informes de derechos humanos. Desde el 2009 hay presencia de asesores militares de EEUU de forma reconocida en cinco Bases Militares: Tolemaida, Larandia, Malambo, Apiay y Palanquero, aunque es sabido que son más de 35 las Bases Militares con este componente ‘asesor’, entre ellas la de Tres Esquinas.
La última avanzada de tropas gringas
En 2019 Colombia recibió la Security Force Assistance Brigade (SFAB), en español Asistencia de Fuerza de Seguridad. Estas fuerzas fueron ubicadas en las ‘Zonas Futuro’ del gobierno de Iván Duque (2018-2022) : el Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo; El Piedemonte, en Arauca. Estas Brigadas de asesores militares gringos tienen como fin asesorar en tecnología y operaciones a las fuerzas colombianas en la ‘guerra contra las drogas’.
Luego de la llegada de estas Brigadas se planearon ataques hacia Venezuela, incluyendo la operación Gedeón un plan para invadir Venezuela y matar a Nicolás Maduro. Uno de los mercenarios que participó denunció públicamente la participación del gobierno de Duque, la oposición venezolana y mercenarios gringos. Parte de la denuncia fue que incumplieron con sus pagos, dejando la duda sobre quién financia ese tipo de operaciones por las que nadie responde. También como parte de la asesoría de SFAB, 20 militares colombianos fueron capturados en Haití tras haber asesinado al presidente de ese país, en una operación vinculada al narcotráfico, hecho del que no se habla mucho.
Ahora bien, en Arauca, guiados por los mercenarios de SFAB, militares colombianos fueron a entrenar las bandas de Medina y Pescado, quienes posteriormente atacaron las fuerzas bolivarianas e incentivaron activamente el cultivo de coca, que ya había sido erradicado del departamento. En el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, SFAB centralizó el traqueteo y el narcotráfico en el Clan del Golfo, acabando con la incidencia de carteles más pequeños, en una confrontación que dejó miles de muertos.
Las operaciones encabezadas por SFAB en el pacífico nariñense, pasan por la captación de H, un jefe guerrillero que se separó del ELN durante el gobierno de Petro (2022-2026). Además, consolidó un plan fronterizo con Ecuador, que fortaleció estructuras paramilitares que actúan como disidencias de las FARC a quienes se suma el grupo de H, metiendo a Ecuador activamente en el negocio del narcotráfico y convirtiéndolo en un enclave gringo para la exportación de cocaína. El plan para el Catatumbo es la formación e instalación de bandas traquetas como disidencias de FARC que hoy están siendo confrontadas por el ELN.
La fase progre de la guerra contrainsurgente
El gobierno Petro suscribió el Plan Ayacucho Plus, plan de las Fuerzas Militares para el período presidencial. Allí hablan de ‘Áreas de convergencia de grupos y fenómenos armados’, donde la convergencia es la economía ilícita: el narcotráfico y la minería ilegal, que terminan poniendo como principal factor de inestabilidad del país, junto con las amenazas transnacionales. A pesar que en Colombia casi todo el país tiene presencia de actores armados no estatales y vive de la economía ilegal, las zonas priorizadas fueron: Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar, el Occidente de Antioquia, Centro – Sur del Chocó, Norte del Cauca, Costa de Nariño, Occidente de Putumayo.
El Plan pone en el centro la necesidad de fortalecer las Fuerzas Militares colombianas, sin cambiar la doctrina contrainsurgente que les enseñaron en la Escuela de las Américas, bajo el manto de la ‘guerra contra las drogas’, que en realidad fortalece el narcotráfico como fuente de financiación de los ‘fenómenos armados’ de corte paramilitar y que les deja a los gringos cuantiosas ganancias. Razón que llevó a que, en los últimos 3 años, la Fuerzas Militares entren en proceso de tecnificación y renovación de su armamento. En el 2023, se gastaron 8 billones de pesos en la compra de armas de artillería para el Ejército Nacional, otro tanto en el equipamiento de buques de guerra de la Armada. Recientemente se anunció la compra de helicópteros y aviones Gripen que reemplazan a los K-fir.
En la actualidad, no se cuenta con información precisa sobre la continuidad de las SFAB en Colombia ni de su proyección en América Latina. Petro que criticó su llegada como una violación a la soberanía en 2019, hoy guarda silencio. De hecho, durante su gobierno regaló el Parque Natural Nacional de isla Gorgona en el Pacífico, para que EEUU instale una Base de su Marina de Guerra, que hace parte del plan imperialista de control del Pacífico.
En sus discursos, Petro habla de la necesidad de comprender el problema de la guerra en Colombia para darle una respuesta desde las instituciones, pero olvida en sus caracterizaciones el papel que han jugado la oligarquía colombiana y EEUU, como principales genocidas del pueblo colombiano e impulsores de las denominadas economías ilícitas. ‘Olvido’ que lo lleva a convertir al ELN en su principal problema, lavando la cara de los poderosos y culpando a la insurgencia -una fuerza popular-, de la degradación de la guerra en Colombia.
El gobierno progresista, más que venir por los cambios que necesita el país y por los que ha luchado el pueblo colombiano sin las armas y también con ellas, ha fortalecido la contrainsurgencia en el siglo XXI, con nuevas características que difuminan el problema y confunden, por lo que hace más complejo hallar respuestas que efectivamente transformen la realidad de guerra.
Luz al final del túnel, es vida, no muerte
En el ELN insistimos en la necesidad de la solución política al conflicto, comprendiendo que en Colombia todos debemos cambiar para transformar al país y poder avanzar hacia un Acuerdo Nacional para que haya democracia real.
Pasar la página de la guerra es una decisión de las mayorías nacionales, que debe ser respetada por la comunidad internacional, en primer lugar, por EEUU. Para dar pasos en serio en esa dirección, Colombia debe dejar de ser parte de la OTAN, la principal atizadora de guerras en el mundo.
