por Julio C Gambina
I – Bajar precios para consolidar el consenso electoral
La tendencia a la baja de la inflación bajo el gobierno de Javier Milei, supone destacar la devaluación en origen del peso. En diciembre del 2023, un dólar paso de costar 400 a 800 pesos, colocando el índice de precios para ese mes en 25,5%. Debe considerarse ese el punto de partida de una tendencia a la baja de los precios, estrategia principal para disputar el consenso electoral y la posibilidad de transformaciones profundas en el capitalismo local. Si bien la inflación disminuyó desde ese pico, el descenso se frenó en noviembre de 2024, para oscilar con subas y bajas hasta el 1,5% de mayo del 2025, primer logro trascendente en un camino hacia el objetivo a futuro para bajar a menos del 1% mensual y estabilizar ese registro.
A pesar de la baja del índice de precios, se advierte que algunos sectores, como las comunicaciones, la salud y la educación, experimentaron aumentos significativos en mayo, por encima del promedio, afectando el acceso a derechos esenciales. En definitiva, todo es producto de una política económica ortodoxa del gobierno, que se basa en una política monetaria restrictiva, la disminución del gasto público social y un control del tipo de cambio, lo que en conjunto deteriora el consumo popular. Pese a ello, el consenso parece disputarse en la baja del índice de precios. Ahí están las expectativas de la sociedad, más allá de todo perjuicio en la calidad de vida de la mayoría empobrecida.
La síntesis del gobierno Milei se transita desde la devaluación a la apreciación cambiaria. El dólar pasó de 400 a 1.100/1.200 pesos en un año y medio de gobierno Milei, mientras que los ingresos populares se retrajeron, sean salarios o jubilaciones, fuente principal del ingreso mayoritario de la sociedad. Incluso, existe una reducción de los ingresos del empresariado pequeño y mediano asociado al abastecimiento del mercado interno.
Desde el inicio de la gestión Milei se estableció un tipo de cambio que aceleró el alza de los precios. Ese es el punto de partida para explicar una tendencia descendente posterior, desde el 300% anualizado al 43,5% del registro a mayo del 2025. Así, el precio de la divisa, especialmente del dólar, es un componente muy importante del crecimiento de los precios en la Argentina, por lo que un objetivo primordial de la lógica gubernamental pasa por apreciar la moneda local y sostener una política de control inflacionario, importante para entender el consenso electoral pese al ajuste brutal sobre el gasto social y los ingresos populares.
Con el registro del 1,5% de mayo, el gobierno pretende sostener su restrictiva política económica para doblegar la presión sobre los precios y avanzar en los consensos electorales.
El objetivo apunta bajar la inflación a toda costa hasta acercarse a condiciones “normales” del orden internacional en materia de precios, en el marco de un recrudecimiento de la inflación en la economía mundial.
Hay un momento deliberado de alza de los precios en diciembre 2023, para una recomposición de precios relativos e intentar la estabilización económica, promoviendo importaciones competitivas con la producción local y bajando la emisión monetaria y el gasto público social. Un combo dramático para una mayoría social empobrecida, aun cuando es endulzado ideológica y propagandísticamente con referencia al crecimiento económico, solo favorable a un sector concentrado, con expectativas de derrame a futuro para el conjunto de la sociedad. Lo real es que el fenómeno de caída de los precios está asociado a la baja del consumo popular derivado de caídas en los ingresos populares, salarios y jubilaciones, aunque también del excedente de pequeños y medianos empresarios asociados a la demanda de ingresos en baja. Se puede ver en mayo un registro del 1,5%, pero la evolución de los precios de comunicación creció al 4,1%. Se trata de un rubro que involucra telefonía e internet, imprescindibles en nuestro tiempo para trabajos precarizados, caso de los repartidores de plataformas. Las comunicaciones constituyen un instrumento de trabajo fundamental. Algo similar podemos señalar en materia de salud (2,7%) o educación (1,9%), afectando derechos sociales y afirmando una tendencia a la privatización o mercantilización de derechos sociales. Por eso, el fenómeno de una tendencia decreciente de los precios tiene base en la fortísima y deliberada devaluación monetaria al inicio de la gestión Milei que impacta en la disminución del consumo popular.
La economía argentina se asienta en una política monetaria restrictiva, que supone la no emisión monetaria; una política fiscal restrictiva, de disminución del gasto público social, particularmente del gasto en personal, con cerca de 50.000 trabajadores estatales despedidos en un año y medio de gobierno; y una política cambiaria que luego de la devaluación en origen supone un control muy fuerte del tipo de cambio.
Argentina, contrario a la mayoría de los países del mundo que promueven devaluaciones sobre el dólar, está generando una política de apreciación monetaria, transformado al país en un territorio caro para el turismo que ingresa al país, al tiempo que favorece el turismo emisivo, de sectores con alta capacidad de ahorro histórico, en divisas, y que les resulta conveniente el turismo en el extranjero. El fenómeno visible es la baja de los precios, pero la esencia está montada en una política ortodoxa, monetaria, fiscal, cambiaria, que deteriora el consumo de la población.
Por eso bajan los precios, pero sobre la base de una baja del consumo popular por efecto de ingresos deteriorados, derivados de la política oficial. Más allá del consenso electoral, éstas políticas combinadas constituyen la base de las crecientes resistencias y desencantos de buena parte de la sociedad, incluso de quienes depositaron confianza en la estrategia libertaria.
II – Reestructuración reaccionaria del capitalismo local
El modelo de Milei busca un cambio estructural en Argentina, priorizando un país de servicios abierto al capital transnacional, profundizando el modelo agroexportador y abriendo el sector energético a inversiones externas. Por eso se potencia la producción primaria, la de hidrocarburos no convencionales y de la minería, con el objetivo de atraer capitales externos. Se pretende un desarrollo empresarial orientado a servicios para inversores, principalmente externos, lo que requiere estabilización macroeconómica y seguridad jurídica, incluyendo incentivos para grandes inversores. Para que este modelo avance, es necesario disciplinar al movimiento social y al empresariado local, lo que se manifiesta en represión y apertura de importaciones.
Los ganadores son principalmente capitales externos y grandes capitales locales asociados, mientras que los perdedores son el empresariado local y los trabajadores, con un aumento del desempleo tanto en el sector público como en el privado, a lo cual se suman cierres de empresas sin capacidad de competir bajo las condiciones de funcionamiento del capitalismo bajo gestión Milei. Aludimos a un cambio estructural de la Economía, del Estado y de la Sociedad en la Argentina. Hace muy poco Javier Milei explicitó que no está en su cabeza un país industrial, sino que está en el desarrollo de un país de servicio que abre sus puertas al capital transnacional, y así desarrollar un modelo productivo en algunas ventajas comparativas (bienes comunes) que tendría la Argentina en este momento del capitalismo mundial.
Se trata de la profundización del modelo agroexportador del país, asentado en oleaginosas, pero también vinculado a todo lo que es la producción primaria, sean granos, cereales, carnes, y por lo tanto potenciar esa línea de acumulación de los últimos 40 años en la Argentina, de un modelo primario exportador asentado en la tierra, las ventajas comparativas de la productividad agraria argentina e inversiones de las transnacionales que han modificado el modelo productivo del agro y de la agroindustria, especialmente con la soja.
Es válido el razonamiento para las economías regionales, de la vitivinicultura, del algodón, de la fruta, los cultivos hortícolas, etc. No se trata solo del complejo oleaginoso, del trigo o el maíz, sino de todas las producciones regionales asociadas a un modelo productivo de subordinación a los capitales transnacionales y sus paquetes tecnológicos. Por lo tanto, una fuente de producción y de ingreso de divisas que terminan favoreciendo la acumulación de capitales no necesariamente en el país, si en el exterior, lo que favorece la fuga de capitales, un problema estructural de la economía local, que explica la ausencia de divisas en la gestión pública, y una fuerte acumulación de activos externos en el sector privado, cercano a los 275.000 millones de dólares en billetes de la moneda estadounidense.
A la producción agraria y ganadera se les agrega la apertura a las inversiones externas en el sector de la energía, los hidrocarburos, especialmente no convencionales, a partir del yacimiento Vaca Muerta en el sur patagónico argentino.
La intención pasa por construir al país en un gran productor de gas y exportarlo principalmente a Europa, que ha cortado el aprovisionamiento desde Rusia, producto de la guerra en Ucrania. Argentina tiene reservas internacionales de gas no convencional que lo ubica en el segundo lugar del mundo, y es la cuarta reserva mundial en petróleo no convencional. Por lo tanto, en la lógica del gobierno Milei, no solo se trata de una producción primaria y exportadora tradicional, sino incorporar ahora la energía. Argentina arrastraba un déficit energético importante, que con los hidrocarburos no convencionales comenzó a revertir. En un dato curioso de la política cambiaria actual, los ingresos por exportación de energía, no alcanzan para cubrir el déficit del gasto de turismo al exterior. Se trata de sectores privados con capacidad de ahorro que utilizan las divisas para gastos en el exterior, algo que pudo observarse en el verano del sur, especialmente en el turismo en Brasil.
El planteo del gobierno Milei apunta a un país que se asiente en la producción primaria y exportadora, soja, trigo, maíz, carnes, producciones regionales, más hidrocarburos no convencionales, gas y petróleo, con la novedad del litio y los derivados de la minería metalífera, una tendencia que se fue desarrollando en Argentina en el último medio siglo, y que quiere potenciarse con inversiones externas. La propuesta entonces es que el desarrollo empresario en la Argentina sea orientado hacia los servicios para los grandes inversores internacionales.
De este modo queda claro quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Los ganadores son los inversores transnacionales que puedan actuar en la Argentina, quienes están exigiendo estabilización macroeconómica y seguridad jurídica para sus inversiones, para lo cual en el 2025 se aprobó la Ley de Bases en la cual se incluyó el Régimen de Incentivos a Grandes Inversores, el RIGI, con facilidad para retirar las utilidades, tanto como de orden crediticias e impositivas.
El objetivo apunta a la atracción de capitales externos en un momento de incertidumbre mundial, y donde los grandes capitales buscan rentabilidad, apoyados por una legislación que discipline la protesta del movimiento social sindical popular, un tema difícil en la Argentina por la histórica tradición de organización y lucha sindical y popular.
Para que ganen los que están ganando en la perspectiva del proyecto Milei hace falta disciplinar al movimiento social popular, lo que explica el despliegue represivo ante distintas movilizaciones o protestas.
También destacamos que el gobierno intenta disciplinar al empresariado local asociado a la producción orientada al mercado interno, por lo que abren las importaciones para presionar la baja de precios. Claro que al mismo tiempo está generando cierre de empresas, despidos, cesantías privadas. Así como hablamos de 50.000 cesantes del Estado, son más de 130.000 los despedidos en el sector privado en el año y medio del gobierno Milei.
Los que ganan son muy pocos, principalmente de capital externo, grandes capitales locales a ellos asociados, e incluso algunos capitales locales que cambian su orientación productiva a una tendencia importadora para poder mantenerse en el mercado. Son perjudicados la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, trabajadoras, trabajadores, e incluso el empresariado asociado al destino de esos salarios y jubilaciones desactualizados por imperio de la política pública.
III – Dinámica de la lucha contra el ajuste y la reestructuración inducida por el acuerdo con el FMI
La lucha de las/os jubiladas/os, que se manifiestan cada miércoles frente al anexo del Congreso Nacional, es una síntesis aglutinadora de otras luchas, que confluyen en “solidaridad mutua” de sectores afectados por las políticas económicas del gobierno de Milei, caso de las/os trabajadoras/es de la salud, la educación y de variados sectores económicos. Vale destacar que los recortes en jubilaciones, junto a la eliminación de la obra pública son los principales rubros del ajuste fiscal llevado adelante por el gobierno Milei.
Esas movilizaciones de semana a semana concentran la creciente represión de las protestas bajo el protocolo de seguridad impulsado por la ministra Patricia Bullrich. La lucha de jubilados y jubiladas resultó ser visible para el conjunto de la sociedad, concitando solidaridad y siendo ámbito y momento de confluencia de otros reclamos y demandas contra el ajuste del gobierno. A tal punto tiene centralidad, que las Centrales sindicales nacionales convocaron a “paro nacional” confluyendo en la convocatoria de jubiladas/os hacia los miércoles, que se amplía a varias ciudades de todo el país, donde confluyen solidaridades muy diversas, junto a demandas de distintos afectados de la política económica, tal como acontece con las luchas de la salud, el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas del Conurbano bonaerense; pero en distintas partes del país, distintas luchas de la salud, no solo de los profesionales médicos, sino de trabajadores de la salud en diferentes tareas.
Es un tema que se extiende al área de la educación pública. Es que el trabajo estatal está cuestionado y se manifiesta con importantes despidos y disminución del presupuesto público.
Un agravante de la situación es la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando que el país ha estado endeudado desde la dictadura militar y que todos los gobiernos constitucionales han renegociado y aumentado la deuda, excepto el breve gobierno a fines del 2001, momento en que se declaró la parcial cesación de pagos. Argentina volvió al FMI en 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri, con el préstamo más grande de la historia del FMI, y que el gobierno de Alberto Fernández renegoció en 2022, hipotecando al país hasta 2034. Ante problemas económicos, el gobierno de Milei propuso un ajuste fiscal superior a las normas del FMI y recibió recientemente un préstamo adicional de 20.000 millones de dólares, consolidando a la Argentina como el deudor número uno del FMI. Este préstamo se utiliza para ingresar divisas y con ello, favorecer el consenso electoral derivado de la baja de la inflación. Un consenso que es la base para avanzar con la reforma estructural, especialmente en materia laboral y previsional. Buscan así, generar condiciones de rentabilidad para los grandes capitales. El objetivo final es consolidar un segundo período de gobierno libertario desde 2027.
En rigor, se trata de un proceso que tiene su origen en la dictadura militar (1976/83) y busca modificar profundamente las condiciones de funcionamiento del capitalismo en Argentina, a favor de los grandes capitales, disciplinando tanto al movimiento popular como a sectores de la burguesía local. Se trata de un programa que tiene medio siglo y que avanza en etapas desde entonces, especialmente en democracia en los 90, con Macri y exacerbado ahora con Milei.
Interesa recuperar que la Argentina tiene un condicionante estructural en el endeudamiento público, que viene desde la dictadura militar. Todos los gobiernos constitucionales desde el año 1983, cuando asume Alfonsín, en diciembre de ese año. Hasta la actualidad, todos los gobiernos han convalidado la deuda pública previa, renegociado la deuda y han acrecentado el compromiso de endeudamiento, salvo en el año 2001, en plena rebelión popular, el gobierno efímero de seis días de Adolfo Rodríguez Saá, que sostuvo la cesación parcial de pagos a los acreedores privados, no a los organismos internacionales. Salvo ese periodo donde el Parlamento declaró la cesación de pagos, base de política económica que permitió la expansión de la economía argentina desde el 2002 hasta el 2007, porque liberó al país de compromisos de pago por la deuda.
Luego vendrían los canjes del 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y del 2010 con Cristina Fernández de Kirchner. En el medio, en 2006 se canceló una deuda por 9.500 millones de dólares al FMI. Esa cancelación se realizó en sintonía con el gobierno Lula de Brasil. Macri renegoció deuda en 2016 y volvió al Fondo en el 2018 con el préstamo más grande de la historia del FMI, quien había acordado prestar 57.000 millones de dólares y solo se desembolsaron 45.000 millones.
Cuando Macri no es reelegido y asume el gobierno de Alberto Fernández, en lugar de denunciar ese crédito ilegítimo, ilegal, odioso, éste renegoció la deuda en el 2022, con un compromiso de hipoteca de la Argentina hasta el 2034. Esa renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández condicionó más fuertemente la política económica argentina y cuando asumió Javier Milei propuso un ajuste fiscal superior a las normas que planteaba el FMI, lo que ha llevado a definir su política como una política de ajuste y reestructuración de la economía, del Estado, de la sociedad.
Por eso, ante problemas económicos muy serios que tiene la Argentina, el gobierno Milei acudió recientemente al salvataje del FMI. El Fondo adicionó un préstamo de 20.000 millones de dólares a la gigantesca deuda que la Argentina tiene con el organismo internacional.
Argentina es el deudor número uno del Fondo Monetario Internacional. Eso hace que el país tenga una deuda con el Fondo de 65.000 millones de dólares, con lo que triplica al segundo deudor que es Ucrania, un país que está en guerra. El gobierno de Milei impulsa una política ortodoxa en lo monetario, en lo fiscal y en lo cambiario. Aun así, necesitó que el Fondo desembolsara una cifra gigantesca para poder intentar mantener el consenso electoral derivado de la baja de la inflación, y poder consolidar en la elección de octubre 2025 una potenciación del poder legislativo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. De ese modo, prepararse para dos temas muy importantes en la regresiva reestructuración del capitalismo local. Uno es la llamada reforma estructural, demandada por el Poder Económico en la Argentina desde hace 40 años, que es la reforma laboral y la otra es la reforma previsional. En ambos casos no se trata de mejorar las condiciones de ingresos de trabajadoras/es, jubiladas/os. El propósito apunta a generar condiciones de rentabilidad y mejora de la tasa de ganancia de los grandes capitales que invierten en la Argentina. Para eso, el gobierno libertario necesita más diputados y senadores, y así avanzar con la reforma laboral y la reforma previsional.
Del mismo modo, prepararse para ese otro segundo gran objetivo, que es lograr en el 2027 un segundo periodo de un gobierno libertario, de ultraderecha, que consolide el ajuste y la reestructuración regresiva. Una profunda transformación reaccionaria del capitalismo local, en sintonía con lo que acontece en el sistema mundial.
El tema de fondo en definitiva es que Argentina está llevando adelante un proceso que tiene fundamento de origen en la dictadura militar del año 76, que supuso una derrota muy profunda de la estrategia del movimiento popular. La estrategia en desarrollo fue impulsada por la dictadura genocida en 1976, que se afianzó y se potenció en la década del 90 bajo gobiernos peronistas y radicales, con la presidencia de Carlos Menem por 10 años y la presidencia de Fernando de la Rúa por dos años, quien debió abandonar la gestión con la rebelión popular y crisis de fines del 2001. Ese proyecto estratégico se potenció en el gobierno de derecha bajo consenso electoral de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019.
Ahora, Javier Milei, ampliando ese consenso electoral, lleva adelante ese objetivo originario de modificar profundamente las condiciones de funcionamiento del capitalismo en la Argentina, a favor de los grandes capitales. Por eso, el objetivo propuesto por los libertarios apunta a disciplinar por abajo y por arriba. Por abajo al movimiento popular, con una fuerte tradición de organización y lucha. También disciplinar por arriba a sectores de la burguesía local que están fuertemente vinculados al abastecimiento del mercado interno. Se busca reorganizar el capitalismo local y ponerlo a disposición de la demanda de los capitales transnacionales, para alinear a la Argentina a la política exterior estadounidense en su objetivo de reconfigurar un orden global capitalista en crisis amenazado en su hegemonía por la modernización de China.
IV – Ausencia de alternativa anticapitalista
Existen cantidades de luchas en la Argentina, que no alcanzan una síntesis política que constituya alternativa al orden capitalista en reestructuración regresiva. La gran asignatura pendiente del momento es la construcción de esa alternativa política, que tiene base en la resistencia popular y en las demandas de los sectores sociales en lucha. Hay sujetos sociales y políticos para la alternativa, tanto como programa. La ausencia es la de una estrategia política para desarmar la ofensiva del capital y de la ultraderecha, para generar condiciones de posibilidad de una propuesta política que confronte con la dinámica actual del poder y genere las condiciones de una propuesta para otro orden socio económico, político y cultural, en contra del capitalismo y por el socialismo.
