En tan sólo 48 horas, cientos de organizaciones y personas entregaron un amplio respaldo adhiriendo con su firma virtual a la declaración “Defendamos a los Defensores“ circulada por Día Día por Julia Chuñil, exigiendo el fin de las amenazas y juicios contra defensores ambientales y de derechos humanos judicializados e intimidados. El compromiso es también usar todos los mecanismos jurídicos y de denuncia social para exigir a las instituciones del Estado que cumplan con garantizar nuestros derechos.
La declaración surgió debido a que después del acto por Julia Chuñil en el cerro Huelén de Santiago del pasado 8 de junio, uno de los integrantes del Espacio Día a Día por Julia Chuñil , Claudio Escobar Cáceres, recibió una amenaza telefónica anónima en la cual se mostró información sobre datos personales de nuestro compañero, Claudio Escobar y también de su familia.
El amplio apoyo recibido a este pedido de solidaridad extensivo a las y los luchadores ambientales y de DDHH que viven situaciones similares, proviene de un vasto universo que incluye organizaciones socioambientales nacionales y locales, de derechos humanos, territoriales, culturales, feministas, de medios populares y otras de un amplio espectro temático que abarca todo el país y algunos países latinoamericanos y europeos. Asimismo las individualidades adherentes son también de gran diversidad en cuanto a su trabajo, intereses o profesiones.
A continuación el texto que concitó el apoyo citado y en un archivo adjunto, el listado de adherentes.
Basta de amenazas y juicios contra defensores ambientales y de ddhh
Mientras el gobierno de Boric y las empresas celebran el rápido avance del paquete de leyes que debilitan aún más la protección ambiental frente a los megaproyectos, continúan las amenazas, intimidaciones y judicialización de defensores ambientales. Ante estos hechos, las organizaciones socioambientales y de DDHH nos declaramos en alerta y reafirmamos nuestro apoyo a la defensa de los derechos de las comunidades y la naturaleza que hoy están siendo vulnerados.
Recientemente en Santiago, un histórico defensor de causas ambientales y de DDHH, Claudio Escobar Cáceres, recibió una amenaza telefónica anónima, diciendo que “no le van a dejar pasar ninguna” y que saben dónde viven sus hijos. El hecho ocurrió un día después de su participación en el acto del 7 de junio en que al pie del Cerro Huelén, se exigió justicia para la dirigente mapuche y defensora ambiental Julia Chuñil.
La desaparición forzada de la defensora del bosque nativo y su tierra ancestral ocurrió precisamente luego de una seguidilla de amenazas por un empresario forestal que hasta ahora se ha negado a declarar en el caso, sin juicio ni formalizados a 7 meses del hecho. Según la Fundación Escazú Ahora, la mayor parte de las amenazas denunciadas en el sur de Chile el año 2024 provienen del sector forestal.
La Corte Suprema verá el lunes 23 de junio un recurso de amparo denegado por la Corte de Apelaciones de Valdivia en favor de la familia de Julia Chuñil, interpuesto porque una de sus hijas ha sido intimidada por un funcionario policial para que sin evidencia alguna, se declare culpable de la desaparición de su madre. Ello ocurrió en el curso de violentos operativos focalizados en perseguir a la familia y desprestigiarla mediante filtraciones del proceso.
La arremetida de las empresas es evidente al analizar el caso de la minera Aclara en Penco. La Corte Suprema se pronunció el 10 de junio negando la pretensión de dicha empresa de censurar en redes sociales a dos ciudadanos de Penco Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, opositores críticos a su proyecto que así vieron restaurados sus derechos, vulnerados por Aclara y la corte de Apelaciones del Biobío.
Otros hechos violentos no resueltos este año son la quema del auto del periodista Matías Rojas en Teno (Maule), de destacada actuación en conflictos ambientales, y la campaña de desprestigio en redes sociales contra la activista ambiental Alejandra Parra por su posición crítica al proyecto WTE en Lautaro.
Llamamos a solidarizar con todos los defensores ambientales y de derechos humanos amenazados o judicializados. Por nuestra parte usaremos todos los mecanismos jurídicos y de denuncia social para exigir a las instituciones del Estado que cumplan con garantizar nuestros derechos.
