
por Claudia Julieta Parra
La recién aprobada reforma laboral restablece derechos y beneficios a los trabajadores; sin embargo, queda en deuda en términos de nuevas plazas laborales, equidad salarial, entre otros.
La muy controvertida y debatida reforma laboral, por fin fue aprobada y entrará a regir 6 meses después de ser sancionada. Esta reforma no tiene mayores alcances de fondo, sus modificaciones más singulares son las horas extras, que nuevamente vuelven a ser desde las 7 de la noche, la jornada laboral es reducida a 42 horas semanales, pago del recargo dominical del 100 por ciento -de aplicación gradual entre julio de 2025 a 2027-, entre otros. Estos mínimos cambios son un alivio para los trabajadores formales que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, pero como prolifera el trabajo informal, estas medidas resultan inocuas porque no resuelven los problemas laborales de fondo que tiene el país y mucho menos supera o reduce el actual déficit de poder adquisitivo per cápita, que día a día pauperiza la economía de más del 50 por ciento de las familias colombianas.
El principal problema en nuestro país es la aplicación del capitalismo neoliberal, para que las grandes empresas gocen de bajísimos impuestos, altas utilidades y jugosos dividendos, contrastado con reducidos costos nominales y bajos costos de producción; pero esto jamás se traduce en incremento de plazas laborales, que es la principal causa para que el trabajo informal o rebusque repunte, hasta convertirse en la principal fuente de ingresos parciales -7 de cada 10 trabajadores devengan sus ingresos de la informalidad-, situación que no les permite solventar ni siquiera los gastos básicos más fundamentales y que ha implicado que se pierda del todo el poder adquisitivo, llevando nuestra economía a una caída brutal de la demanda, que nos desacelera y nos acerca peligrosamente a la recesión.
La política económica instaurada por el Gobierno no avanza en pagar la Deuda Social ni genera sostenibilidad, crecimiento y productividad; por ende, se requiere una política de empleo formal, que disminuya el desempleo y reduzca el subempleo, lo cual incrementaría el flujo de capital circulante y reactivaría la economía. En otras palabras, salir de la crisis económica demanda generar empleo bien remunerado, elevar el poder adquisitivo per cápita y fomentar políticas de desarrollo integral de la producción nacional.