por Lucía Sepúlveda Ruiz
El próximo martes 1° de julio en Santiago, en Morandé 360, a partir de las 10am, el Segundo Tribunal Ambiental decidirá la validez o no del permiso ambiental de Ecopower, para su proyecto en Ancud, Parque Eólico Chiloé, revalidado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2020. La propia SMA sostiene hoy que no es válido, debido a la maliciosa conducta empresarial evidenciada para obtenerlo. En inusitada alianza, la institucionalidad ambiental y las comunidades afectadas que descubrieron y denunciaron esa maniobra, probarán que a horas de concluir el plazo legal para el inicio de actividades fijado para 2020, la empresa envió a la SMA un montaje fotográfico fraudulento para acreditar obras inexistentes.
Ecopower, de capitales chileno-suecos, alegará por la continuidad del proyecto, que comprende 42 aerogeneradores en el sector Mar Brava, instalados incluso a menos de 150 metros de distancia de las casas. En representación de la comunidad ancuditana lo hará la Defensoría Ambiental. Desde Chiloé, se ha hecho un llamado a sus coterráneos que viven en Santiago, a acompañar con todo a la manifestación convocada para ese día por las coaliciones socioambientales Salvemos Mar Brava, Chiloé sin Eólicas, y apoyada por la citada Defensoría Ambiental, el Movimiento por el Agua y Territorios MAT y la Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo.
La línea de transmisión del proyecto se extiende por más de 10 localidades rurales de la comuna de Ancud que reciben miles de visitantes chilenos y extranjeros cada año. Los impactos de esta iniciativa se sumarían a los que generará la llamada Carretera Eléctrica recientemente aprobada por el Comité de Ministros, un proyecto fuertemente rechazado por las organizaciones locales y para cuya aprobación aún hay pasos pendientes.
Gisella Saldivia, agricultora del sector impactado por la iniciativa, participa desde sus inicios del movimiento Salvemos Mar Brava, que ya lleva 15 años. Nos envía su apreciación: “Ha sido un largo proceso sumamente burocrático y desgastador para nosotros. Hemos tenido que velar por cada paso de avance del proyecto desde que la empresa inicia su acercamiento a la comunidad, el cual en realidad fue forzado, porque al principio el proyecto no contemplaba participación ciudadana.” Interrogada sobre los impactos, sostiene: “Las afectaciones son muy diversas, son medioambientales, sociales y también económicas porque hay toda una comunidad de habitantes en que muchos somos lugareños, hemos vivido siempre aquí, y muchos otros han llegado a vivir en la zona. Pero nuestras actividades están basadas precisamente en los recursos naturales, en el paisaje, y se combinan con actividades de turismo. Todas estas actividades resultan afectadas por este proyecto.”
Prontuario de Ecopower
El fotomontaje del 2020 quedó al descubierto porque la comunidad local verificó en terreno la inexistencia de la instalación del container de la foto en el sector de Mar Brava, por lo cual solicitó en 2022 a la SMA la invalidación del inicio de actividades. En enero de 2023 la empresa de nuevo intentó engañar a la SMA, pero el control vecinal hizo fracasar ese intento, procediendo la Superintendencia a declarar inválido el inicio de actividades. La empresa tuvo éxito apelando al Tribunal Ambiental, sin embargo en 2024, la Corte Suprema en un recurso de casación, instruyó al Tribunal Ambiental a analizar el fondo del asunto, lo que se hará ahora. Es la segunda vez que la Corte Suprema sanciona a Ecopower, ya que en 2010 obligó a la empresa a realizar la consulta indígena a la comunidad huilliche AntuLafquen, eludida inicialmente.
El deficiente desempeño de esta corporación en Chiloé desmiente la propaganda empresarial actual acerca de que en Chile es el exceso de normas lo que dilata los proyectos, lo que sería culpa de la institucionalidad ambiental. Con ese pretexto en el Congreso están avanzando iniciativas legales que hacen retroceder las leyes ambientales y su institucionalidad, mientras en el país se registra un clima creciente de amedrentamiento a los defensores del ambiente y los derechos humanos.
Uno de los sectores afectados en este proyecto es el área de Mar Brava, una playa de 9 km de fuerte oleaje con ecosistemas de dunas -con sitios arqueológicos- y lagunas; entre sus actividades económicas incluye la pesca artesanal, el ecoturismo y la agricultura campesina. Mar Brava está cercana al monumento natural Islotes de Puñihuil. Allí hay zonas de alimentación y reproducción de cetáceos protegidos. Otros sectores impactados son Quilo, Quetalmahue, Aucaco, Tehuaco, Lajas Blancas, Mechaico, Cogomó, Chorihue. Se trata de comunidades rurales e indígenas donde también existe bosque nativo.
Para las comunidades afectadas, que llevan 15 años resistiendo el proyecto y para la propia SMA, el uso de antecedentes falsos por Ecopower SAC representa «un peligro para la institucionalidad ambiental chilena», y se espera una sentencia que avale la legislación ambiental y evite que las empresas se burlen de las entidades encargadas de velar por su cumplimiento.
