Denuncian que una de las trabas para que estos proyectos no avancen en la Asamblea, especialmente en la Cámara Baja, es el “machismo”.
Desde 2022 que el proyecto de asistencia familiar está paralizado en la Cámara de Diputados. Lo propio la propuesta para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de delitos de infanticidio y delitos contra la libertad sexual, que incorpora el tipo penal de “violación incestuosa” y otras normas destinadas a proteger a grupos vulnerables del país, como son niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué no avanza?
La diputada del MAS-IPSP y presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, afirmó a Ahora El Pueblo que una de las trabas para que estos proyectos no avancen en la Asamblea Legislativa, especialmente en la Cámara Baja, es el “machismo” de algunos parlamentarios que creen que estas normas los van a “perjudicar” o pueden ser usadas en contra de ellos.
El otro motivo son las largas horas de debate en el pleno, que, por lo general, terminan en peleas, lo que causa el aplazamiento de estas normativas o que se prioricen otros proyectos, por ejemplo transferencia de predios.
“Me apena mucho que solo estemos agendado temas de transferencias que no son tan transcendentales, en vez de aprobar estas leyes que son prioritarias para las niñas y víctimas de violencia”, dijo.
Inacción de organismos en temas de niñez
Guachalla también cuestionó la inacción de algunas organizaciones no gubernamentales por no demandar a la Asamblea Legislativa la aprobación de leyes de carácter social, en favor de la niñez y adolescencia.
“Me tocó estar en un encuentro con Save the Children, donde se mostraron datos, pero no se toman acciones concretas. Si se trata de hacer movilizaciones creo que éste es el momento de las organizaciones que defienden derechos de la infancia de pronunciarse contra violaciones, contra infanticidios y contra quienes no pagan la asistencia familiar y demandar la aprobación de leyes”, remarcó.
De acuerdo con información del Ministerio de Justicia publicada en 2023, son más de ocho proyectos de ley, la mayoría de carácter social, dirigidos a proteger a grupos vulnerables que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Varias de estas normas son de carácter obligatorio por el compromiso que tiene Bolivia con organismos internacionales.
Asistencia
El proyecto de ley de asistencia familiar fue remitido por el presidente Luis Arce en agosto de 2023. Tras su aplazamiento se solicitó, en dos ocasiones, su reposición.
Esta propuesta crea un registro de deudores para garantizar el pago de las pensiones que por derecho le corresponden a un niño, niña o adolescente. El proyecto establece sanciones contra el progenitor infractor; por ejemplo, restringe la posibilidad de que el padre o la madre deudores acceda a créditos bancarios, establece un control migratorio, e incluso no pueden contraer matrimonio sin antes cumplir con sus obligaciones.
Desde hace más de dos semanas está en agenda en el pleno, pero hasta ahora no se lo trata.
Violación e infanticidio
El otro proyecto bloqueado es el 010/2023-2024, que garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual, que rescata la esencia de imprescriptibilidad, es decir evita la impunidad, pese al tiempo que hubiera pasado el abuso sexual.
Este proyecto fue remitido por el Ejecutivo en 2023, en medio del estallido de casos de pederastia en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Bolivia a aprobar una ley que combata la impunidad en delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
