
por Julio C Gambina
Lo que define la situación actual argentina es la incertidumbre económica y política, aun con la tendencia a la baja del índice inflacionario, acompañado por baja de los ingresos populares y del consumo de la mayoría de la población de menores recursos.
Esa tensión se manifiesta en la confrontación entre los gobernadores y el gobierno nacional por los recursos de la coparticipación federal, vía los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN). El gobierno eliminó vía “desregulación” varios fondos fiduciarios, pero se queda con los recursos asignados, por lo que las provincias reclaman sean compartidos vía ATN. Además, los gobernadores instruyeron a los legisladores de sus provincias para acompañar la actualización legislativa de las jubilaciones y del bono complementario para la “mínima”, junto a la reinstalación de la moratoria, imprescindible para la jubilación de millones de personas. Estas personas son quienes en los últimos años fueron sometidos a la impunidad empresarial de la “no regularización” de la situación laboral, una tendencia creciente en el capitalismo contemporáneo, que define la ofensiva del capital sobre el trabajo. No se tienen aportes por la no inscripción de las patronales y no por algún tipo de evasión previsional de trabajadoras y trabajadores.
No se puede pensar la economía al margen de la política ni viceversa, por eso la incertidumbre apunta en los dos sentidos, máxime en un año electoral, con renovación parlamentaria en octubre próximo. Por eso, los gobernadores le hicieron el vacío al gobierno nacional en el acto por el 9 de julio en Tucumán. No se pudo ratificar la foto de hace un año, donde el presidente aparecía rodeado de una buena parte de los gobernadores de la Argentina. Estábamos en los comienzos del gobierno de Javier Milei, hoy ya ha pasado un año y medio, la situación es distinta. Los gobernadores no le hacen el vacío a la orientación política del gobierno, sino que pretenden apropiar una cuota aparte de los recursos fiscales que gestiona el Estado Nacional.
Vale recordar que desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente el debate sobre un nuevo régimen de coparticipación federal. Es un tema que trasciende la coyuntura. Hace falta un debate sobre qué país se pretende construir y desde allí resolver las afectaciones de los recursos colectados federalmente, cuánto debe destinarse a las provincias o regiones en función de qué necesidades resolver. En rigor, a contramano de la lógica de ajuste y desregulación impulsada por el gobierno nacional. La lógica gubernamental elimina políticas públicas para que todo lo resuelva el mercado, el sector privado.
El sentido principal es la “motosierra”, disminuir el gasto público y reorganizar la economía, la sociedad y el Estado de manera integral. Ni la mayoría de los gobernadores, o parlamentarios discuten la orientación “privatista” del gobierno, solo quieren compartir recursos que por ahora se apropia la Nación.
El debate ausente es sobre qué Argentina se viene en el diseño desde el “poder” y cuál debiera ser el perfil alternativo para satisfacer necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. Vale señalar que la disputa del rumbo político involucra a la fuerza gobernante y es explícita entre el Presidente y su Vice. No es la primera vez que esto ocurre, pero adquiere gravedad en el presente, porque el dúo expresa variantes de reivindicación del orden económico y político definido por la dictadura genocida del 76.
No solo reestructurar de modo reaccionario las relaciones sociales de producción, sino también reivindicar al terrorismo de Estado y buscar la impunidad de los genocidas. Lo primero está en la esencia del Jefe de Estado y los segundo en los propósitos explícitos de la Vice.
Jubilaciones, derechos y recursos
La nueva legislación será vetada por el ejecutivo, según anunció, a contramano de la reivindicación que reclama todas las semanas el movimiento social frente al Congreso. Lo resuelto por el Congreso es un paliativo que no satisface el reclamo de un ingreso mínimo que atienda las necesidades del adulto mayor, hoy por encima de 1.200.000 pesos mensuales. Se instala desde el gobierno que atender esta demanda, la de la nueva ley, ni hablar del reclamo del movimiento social, desarma el equilibrio fiscal. En rigor, desnuda la crueldad de la política oficial que asienta el ajuste en restar seguridad social. De hecho, desde la asunción presidencial, el ahorro en jubilaciones alcanza los 13,9 billones de pesos, restando un promedio a cada jubilada/o de más de 3,6 millones de pesos. Un argumento oficialista repetido hasta el cansancio por la prensa afín contra la reapertura de la moratoria y la actualización de las jubilaciones remite a que millones de personas “no hicieron los aportes”, como si la regularización o no del empleo fuera una decisión personal y no derivada de la impunidad empresarial instalada desde hace décadas. El desfinanciamiento del régimen previsional está asociado a la disminución de aportes patronales, una norma implementada desde los 90 del siglo pasado, y a la creciente irregularidad del empleo, resignando seguridad social a millones de trabajadoras/es.
La crueldad del pensamiento liberal condena a millones a subsistir de manera miserable. La sociedad necesita discutir sobre cómo se atienden las necesidades de los adultos, de la niñez, de la discapacidad. No se trata de un tema a atender de manera privada o por familia, incluso de la caridad o la solidaridad social. Vale apuntar que las consultas devuelven una mayoría empática con las demandas de jubiladas/os. La discusión sobre jubilaciones es extensiva al tema discapacidad y a otros derechos.
En rigor, el debate es sobre en qué debe gastar el Estado y de dónde obtener los recursos. El gobierno resolvió ajustar la obra pública por unos 16,4 billones de pesos desde diciembre del 2023, afectando la infraestructura indispensable para las comunicaciones y el traslado, la educación o la salud entre muchas necesidades para un funcionamiento adecuado de la sociedad. La sociedad necesita discutir por dónde debe pasar el “ajuste”, si por bajar el gasto social o afectando otros intereses, caso de la deuda odiosa, ilegal o ilegítima, que el gobierno actual y los anteriores privilegiaron sobre las demandas sociales.
Estas definiciones políticas confrontadas al interior de la fuerza gobernante y entre estos y los aliados que facilitaron la capacidad de ajuste y regresiva reestructuración económico social hasta el momento, tensionan la economía y la política. Una tensión que se manifiesta en una escalada del tipo de cambio, superando los 1.300 pesos por dólar y la continuidad de un estancamiento estructural de la economía local que es producto de la baja capacidad de consumo de la mayoría social por bajos ingresos, aun con la tendencia a la disminución del índice inflacionario. Un índice presionado por las anclas salariales y cambiarias que induce la intervención estatal pese al discurso liberal. Las tensiones incluyen los descontentos sociales y la creciente protesta en busca de nuevas representaciones políticas que otorguen rumbos alternativos para el futuro del país.
Imagen, Pixabay
Fuente: Blog de Julio C Gambina