por Himelda Ascanio
La soberbia es prima hermana de la estupidez y en Colombia también es amante de la impunidad. Mientras los medios empresariales se dedican a manipular y el gobierno intenta negar el conflicto con narrativas falsas, territorios enteros sufren la gavilla entre el Estado y el narco paramilitarismo.
Todas las semanas aparece una prueba más del maridaje entre las Fuerzas Armadas del Estado (FFAA) y las bandas de narco paramilitares. Esto sin mencionar los cientos de testimonios, declaraciones y evidencias recogidas y mostradas por el ELN, a las que ni el gobierno y mucho menos los medios corporativos le otorgan alguna visibilidad. Sin embargo, en las propias comunidades la realidad que se vive es evidente y las poblaciones que son víctimas de esta relación la conocen bien.
Es tal la magnitud de esta situación, que incluso los propios organismos y entidades estatales han tenido que evidenciarla, aunque rápidamente sea tapada y ocultada desde el mismo gobierno. Esto a su vez se constituye en una clara demostración de la desidia y el desinterés por la gente, por los excluidos de siempre. En el caso del gobierno, es una perversa falsedad contra quienes en campaña llamó “los nadie” y la “Colombia profunda”.
Desde la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo han emanado informes y publicaciones sobre el avance del paramilitarismo en las regiones, así como las claras relaciones que existen con las FFAA. Estos dos entes, el uno encargado de investigar y ejercer control judicial, y el otro de proteger los derechos de la gente, han denunciado y evidenciado esta situación.
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría ha emitido una cantidad de documentos en donde, incluso, han anticipado la configuración de escenarios de atropellos por parte de las bandas narcoparamilitares. Evidenciando desplazamientos y coordinación entre Ejército y bandas como el clan del golfo y las Exfarc.
De la misma manera, un reciente informe de la Fiscalía, reveló testimonios de paramilitares desmovilizados, en los cuales relatan con detalle la manera en que son trasladados de una región a otra, en vehículos del Ejército estatal y custodiados por soldados. Caso concreto de la banda de Antonio Medina en Arauca, que recibe todo tipo de asistencia por parte de las Fuerzas Armadas. También ha sido de conocimiento público, la protección brindada a la banda ex-farc frente 33 en el Catatumbo. Y las acciones coordinadas con el clan del golfo.
Bandera falsa y odio al pueblo
Para mayor demostración del vínculo criminal y el odio al pueblo colombiano, recientemente se han conocido evidencias de las operaciones de bandera falsa, realizadas por el propio ejército y policía. Como sucedió en Boyacá, donde unidades del ELN enfrentaron a sujetos que se hacían pasar como una banda, pero resultaron ser miembros del Ejército, con tal descaro que informaron que habían caído haciendo labores de patrullaje, cuando en realidad estaban extorsionando la comunidad. En el Catatumbo se reportaron soldados del Ejército combatiendo junto a las Exfarc, con armamento estatal, pero brazalete de esa banda.
Pero el elemento que más demuestra el desdén y la imposición al Gobierno en contra de las comunidades y territorios, es la soberbia defensa y la insistencia en la legalización y perpetuación de esta relación por parte del alto gobierno en cabeza del presidente. Pues entre más pruebas existen, más es su intención de crear figuras para proteger y legalizar a estas bandas. Caso concreto la llamada y fracasada ZUT. O las supuestas mesas de diálogo que conservan con estos grupos, aunque sigan arrasando y vulnerando comunidades enteras.
Las comunidades víctimas de la connivencia y colusión entre el Estado y el paramilitarismo, saben perfectamente que si esta situación no cambia, no podrá haber Paz. Han denunciado de todas las formas posibles la realidad que los victimiza. Incluso organizaciones internacionales han constatado esto.
Un gobierno que realmente busque pasar la página de la violencia y construir la Paz, tiene por obligación acabar esta relación de colusión con las bandas narco paramilitares, acabar la doctrina del Enemigo Interno, cambiar la doctrina de la FFAA y depurarlas de verdad. Mientras estas fuerzas del Estado sean la mayor banda criminal y narcotraficante en Colombia, no podrá cambiar el estado actual de violencia. Esto lógicamente implica deslindar de las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos. Si el Estado no lo hace, tendrá que ser el pueblo organizado quien lo imponga.
Asesinados de la semana
Héctor González Epieyu, era un reconocido líder Wayúu, comprometido con la defensa de su pueblo y con la construcción de una transición energética justa en los territorios de La Guajira. Fue asesinado el 22 de agosto, cuando dos hombres armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas oportunidades.
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