por Lucía Sepúlveda Ruiz
Una prolongada reunión sostuvieron el 27 de agosto con la Fiscalía Nacional, miembros del equipo jurídico y social que hace el seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH, planteando que el sesgo clasista y racista de la investigación de la desaparición de Julia Chuñil por la Fiscalía de Los Ríos ha impedido encontrar a Julia Chuñil y a los responsables. La abogada de Codepu, Mariela Santana, presentó al mismo tiempo este 27 de agosto, una petición de cambio de fiscal para la causa, expresando además su extrañeza y rechazo a la reciente participación en las diligencias investigativas de los fiscales de La Araucanía Álex Montecinos y Patricio Calfil, no calificados para el caso debido a su desempeño anti-mapuche en otras causas.
En representación del Fiscal Nacional, Alejandra Seguel, jefa de la Unidad especializada en DDHH de la entidad, se comprometió a hacer llegar al Fiscal Ángel Valencia los planteamientos de Pablo San Martín, hijo de la dirigente desaparecida hace casi diez meses; de la abogada Santana, integrante del equipo jurídico que defiende a la familia; Raúl Flores, de Codepu, de Juana Aguilera de la Comisión Ética contra la Tortura, también firmante de la petición a la CIDH y de Lucía Sepúlveda, integrante del espacio Día a Día por Julia Chuñil. Se excusaron por imposibilidad de asistir a la reunión solicitada por lobby, los representantes de la fundación Escazú. Seguel también informó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se envió una respuesta en el plazo de 15 días señalado por la CIDH y se ha constituido un equipo interinstitucional para dar cuenta de las acciones frente a estas medidas formuladas desde la entidad internacional de DDHH.
“¿Por qué tanta injusticia con nosotros?”, interrogó Pablo San Martín, que expresó decepción por la ausencia del Fiscal Valencia, detallando que hasta hoy la policía continúa enfocada en la familia: una tía ha sido interrogada sobre qué tipo de relación tenían él y sus hermanos con la madre. Cuestionó que su hallazgo clave de una fosa en un sector vecino, en los primeros días de búsqueda, fue desatendido por Labocar que no tomó muestras de esa tierra y sostuvo que todo es parte de un montaje para culpar a la familia.
Asimismo los asistentes se refirieron a la inacción de la fiscal Tatiana Esquivel en los apremios realizados a Jeannette San Martin, al rol de dirección asumido en la pesquisa del geo radar por el funcionario de Labocar José Arriagada, y la respuesta negativa de la fiscalía regional a diligencias solicitadas, alegando la falta de recursos. Abordaron la impunidad que rodea otros casos en la Región de Los Ríos, como los 9 años sin justicia en el feminicidio empresarial de Macarena Valdés, encubierto con un montaje de suicidio; el asesinato de Emilia Bau en el que no se investigó a los responsables, y la desaparición de José Huenante, todos hechos ocurridos en democracia. Por su parte los representantes de la Fiscalía dijeron que empatizaban con la familia y que su enfoque es la debida diligencia, en coordinación con la Cancillería y los demás actores de la institucionalidad para contribuir a generar los resultados esperados en este complejo proceso.
Desde la defensa de Julia Chuñil se reiteró que no es posible descartar una desaparición forzosa. La absoluta falta de resultados de la investigación realizada no implica obviar la existencia de distintos tipos de participación de agentes del Estado, entre los cuales se mencionó la entrega al empresario Morstadt por CONADI del predio en disputa sin mediar pago alguno, y también se sostuvo que podría haber otro tipo de involucramiento de uniformados en rol de guardias privados de las forestales.
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