por Felipe Portales
La presidencia de Alessandri (1920-1925), más allá de sus discursos y de sus propósitos de establecer una legislación social, continuó aplicando una política represiva al movimiento obrero desde sus inicios. Así, en el contexto de una grave crisis de desempleo en el norte por la crisis del salitre y de la inhumana actitud de las compañías salitreras de expulsar a los trabajadores sin siquiera darles desahucio, el Gobierno continuó con la política social de los gobiernos anteriores. Así, frente a la toma de la Oficina salitrera San Gregorio (a unos 100 kilómetros de Antofagasta) que efectuaron los obreros para evitar su expulsión, el Intendente de Antofagasta (el radical Luciano Hiriart) le envió un telegrama a Alessandri en que le informaba de “la resolución acordada por algunos grupos de obreros que quedaron cesantes para no salir de las faenas, pretendiendo tomar por cuenta suya la dirección y explotación de los trabajos de elaboración del salitre” (Floreal Recabarren.- La matanza de San Gregorio, 1921: Crisis y tragedia; Edic. Lom, Santiago, 2003; p. 57).
Ante ello, Alessandri le respondió con otro telegrama ordenándole priorizar la persuasión, pero sin descartar la represión, y sin cederle facultades de maniobra para hacerles ofertas paliativas. Su texto fue: “No olvide que gobernantes modernos deben emplear las fuerzas morales del razonamiento y la convicción. Recomiendo esto especialmente a las fuerzas destacadas o que vayan a centros obreros. Si resistencia obreros continúa, procure ir personalmente y explíqueles que Europa consecuencia guerra no compra salitre, que en esta situación es inútil producir y que salitreros y Fisco no tienen plata para atender al costo producción. Agrégueles que las horas son de mucha angustia para todos y que los obreros chilenos, que han sido siempre nobles ejemplos de patriotismo y abnegación, deben prestarle a la patria hoy su concurso soportando con resignación las calamidades de la hora presente, que afecta a todos. Agrégueles que yo me ocupo aquí en el Sur de procurarles trabajo a todos los que llegan y al efecto ya se inician muchas obras públicas para ese objetivo” (Ibid.; pp. 57-8). Sin embargo, no se comprometió siquiera a financiar el viaje de los obreros despedidos sin desahucio a Santiago, ni a garantizarles un empleo concreto al llegar…
Además, el intendente Hiriart no sólo no concurrió personalmente a San Gregorio, sino que envió negligentemente a un cuerpo armado de 26 soldados ¡a cargo de un teniente de solo 24 años!, Buenaventura Argandoña Iglesias (Ver ibid.; pp. 61-2), quien llegó en la madrugada del 3 de febrero. Luego de un frustrado embarque de trabajadores en un tren a Antofagasta cerca de las 7 de la mañana; hubo un compás de espera. Como a las 15 hrs. se congregó en San Gregorio gran cantidad de trabajadores y familiares de oficinas cercanas, calculándose en 2.300 el número total de manifestantes que estaban en gran estado de indignación y que efectuaron un acto “para escuchar a los dirigentes que reclamaron la cancelación del desahucio y reafirmaron la decisión de no abandonar la oficina mientras la Casa Gibbs (propietaria de las compañías de la zona) no se comprometiera a pagar” (Ibid.; p. 69).
Luego, la multitud, como a las 17 horas, se dirigió a encarar al administrador, Daniel Jones, y al reducido grupo de soldados. El teniente Argandoña le ordenó a la multitud que se detuviera en un punto y como esta no le hizo caso, los soldados –seguramente entrando en pánico- comenzaron a dispararle a quienes avanzaban. Finalmente, terminaron muertos por la multitud el teniente Argandoña, Jones y un suboficial (escapando la gran mayoría de los soldados); y, por otro lado, entre 60 a 80 personas de los manifestantes. Floreal Recabarren estimó las víctimas obreras en menos de 100 (Ver ibid.; p. 83); Fernando Pinto Lagarrigue en 68 (Crónica Política del siglo XX. Desde Errázuriz Echaurren hasta Alessandri Palma; citado en Leopoldo Castedo.- Chile: Vida y Muerte de la República Parlamentaria; Edit. Sudamericana, Santiago, 1999; p. 280); Peter DeShazo en 70 (Urban Workers and Labor Union in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983; p. 186); Luis Emilio Recabarren en 60 (Floreal Recabarren, ibid.; p. 82); y una Comisión de la FOCH que subió el 5 de febrero a la pampa en más de 70 (Ver ibid.).
Por cierto, como ya era costumbre en todas las matanzas obreras del siglo XX chileno, ni siquiera se hizo una investigación judicial para identificar a las víctimas obreras y estipular como murieron; se culpó de todo a los trabajadores; se mintió desfachatadamente, ya que en el comunicado oficial del Intendente Hiriart se señaló que “se tiene conocimiento de que toda la tropa fue asesinada alevosamente con armas de fuego, dinamita y cuchillo” (Ibid.; p. 87); se torturó a varios de los trabajadores, posteriormente encarcelados; el Gobierno decretó estado de sitio para la provincia; se condenó con largas penas de cárcel a varios de los líderes del movimiento; y se libró de todo juicio a los soldados que participaron en la masacre.
Y del mismo modo, la prensa –tanto coalicionista como de la Alianza Liberal- culpó de la matanza a los mismos obreros. Incluso el conservador El Diario Ilustrado (y acérrimo “enemigo” de Alessandri), expresó que “junto con condenar y lamentar los sucesos nos creemos en el deber de aplaudir la actitud que, frente a ellos, asumieron S.E. el Presidente de la República y sus Secretarios de Estado (el ministro del Interior era Pedro Aguirre Cerda…). La firmeza y energía, dolorosas pero necesarias, que han gastado, serán útiles para la tranquilidad social. Hubo elementos perniciosos de agitación y de revuelta que se imaginaron que con la subida del nuevo gobierno iban a tener carta blanca para cometer todo tipo de desmán y para entregarse a todo desenfreno. Ahora tendrán que convencerse que, si bien la actual administración, lo mismo que las anteriores (sic), está pronta para hacer justicia y atender a las necesidades obreras, en cambio, lo mismo también que las administraciones anteriores (sic), está resuelta a ser enérgica para amparar el orden y el derecho de propiedad y para refrenar con vigor los desmanes subversivos” (5-2-1921).
Aunque “La Nación” (de propiedad de Eliodoro Yáñez) en su editorial efectuó también críticas al Gobierno y a los políticos: “El Ministerio ha estado ausente de Santiago, en el mejor de los mundos, enteramente ajeno a la urgencia y a la gravedad de la situación en que hemos venido viviendo en el último mes. Las Cámaras no han funcionado o han perdido el tiempo en fútiles debates. Las direcciones de los partidos han permanecido enredadas en pequeñas escaramuzas de interés electoral y en mil argucias políticas que no hacen, sino aumentar el caos que nos rodea” (5-2-1921).
En el Senado hubo críticas al Gobierno ¡por lo poco represivo que había sido!, expresándose en ese sentido el inefable liberal-democrático, Enrique Zañartu Prieto, quien manifestó que “durante toda la semana hubo reuniones de los salitreros en la intendencia (de Antofagasta) en la que reclamaban un aumento de la guarnición en sus cantones salitreros, porque los fermentos anarquizadores estaban rematando su obra y temíase con demasiado fundamento, una acción violenta de los elementos maximalistas (…) Era de suponer que en situación tan grave el Gobierno acudiera presuroso reforzando las divisiones del Ejército. No fue, sin embargo, así; la única medida fue un telegrama del Presidente de la República, en que se recomendaba prudencia a la tropa y se le aconsejaba que hiciera sermones didácticos, encaminado a llevar el convencimiento a las clases obreras. Los obreros que habían puesto en conocimiento de S.E. el Presidente de la República sus designios (que el Gobierno debía hacerse cargo de las oficinas salitreras, nacionalizándolas temporalmente) que veían desamparada de tropa la pampa, no podían menos de interpretar ese telegrama en la forma que lo hicieron, como una voz de orden dada en las alturas para apoderarse de las salitreras” (Boletín de Sesiones del Senado; 8-2-1921). Y similares cargos de debilidad en la represión gubernamental hizo el senador conservador, Alfredo Barros Errázuriz (Ver ibid.)
Y, notablemente, hubo una reacción morigerada del Partido Obrero Socialista (POS) y de la FOCH, dado el pacto electoral del POS con la Alianza Liberal en el norte, que permitió la elección en marzo como diputados de Luis Emilio Recabarren (Antofagasta) y Luis Víctor Cruz (Tarapacá). Quienes sí juzgaron duramente al Gobierno por la masacre fueron los estudiantes de la FECH, en su revista Claridad. Incluso, en su edición de abril, la revista se lamentaba de la influencia que sobre los trabajadores tiene “el político de frases retumbantes que escaló al solio presidencial”; y condenaba a las multitudes que realizaron “una manifestación de simpatía y adhesión servil al hombre que inauguraba el ‘gobierno del amor’ con el baldón de San Gregorio” (Mario Góngora.- Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX; Edit. Universitaria, Santiago, 1992; p. 123).
Y quien con más claridad formuló la postura finalmente represiva que tendría el Gobierno frente al movimiento obrero fue su ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda, en una intervención en el Senado ¡el mismo 8 de febrero!, a días de la matanza: “Esta es la fórmula que el Gobierno ha adoptado sin vacilación; se presenta ante los obreros para decirles la vinculación estrecha que deben tener con el capitalista y sus obligaciones para con él y para con el Gobierno en cuanto al mantenimiento del orden y al respeto que le deben a las autoridades. Les hace presente los perjuicios que ellos reciben por estas huelgas y ejercita su influencia ante los patrones para que cedan en aquello que pueda significar un beneficio legítimo para la clase trabajadora. Si esta armonía no se produce, si la mediación del Gobierno es insuficiente para evitar las dificultades, en todo caso amparará a los obreros que deseen trabajar, pertenezcan o no a las instituciones en huelga, empleando la fuerza pública si fuere necesario” (Boletín de Sesiones del Senado; 8-2-1921).
Y en la misma ocasión, Aguirre Cerda planteó una clara política represiva frente a la IWW, organización anarco-sindicalista que había sido duramente reprimida por el presidente Sanfuentes el año anterior: “Se me dijo por el señor prefecto de policía (de Valparaíso) que la institución denominada la IWW pretendía reunirse y que tenía instrucciones precisas y terminantes de los Tribunales de Justicia para proceder en contra de ella. Pregunté qué individuos pertenecían a esa institución y se me señalaron tres, a los cuales les hice la advertencia de que, aunque los Tribunales de Justicia nada habían resuelto sobre el particular, el Gobierno había considerado a la IWW como una institución peligrosa por su actuación y por sus estatutos, y que, por lo tanto, si procedían a reunirse, no obstante de que algunos de ellos estaban en libertad bajo fianza, la policía ejercitaría sobre ellos las facultades a que estaba obligada, deteniendo a los que estuviesen libres o cancelando su libertad bajo fianza a los que la tuvieran, según las órdenes de los Tribunales”. Es decir, la misma política represiva del gobierno anterior…
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