Este 28 de agosto, se desarrolló la Cumbre Mundial sobre Docentes de ministros de Educación y otras autoridades de diversos Estados, en la sede de la Unesco en Santiago de Chile. Mientras comenzaba la actividad, representantes del Foro por la Defensa de la Educación Pública se instalaron fuera de las dependencias de la entidad internacional para plantear sus duras críticas, entre otras medidas represivas del gobierno chileno contra los estudiantes y las comunidades escolares, a la denominada Ley de Aula Segura.
El académico e investigador educacional Juan González López, con el respaldo de una declaración pública de múltiples organizaciones del ámbito, señaló que «Es difícil ser profesor en nuestro país. La extrema privatización del sistema educativo ha traído desigualdad y segregación. Las medidas neoliberales implementadas no han impactado en una mejor calidad de la educación, por el contrario, ha tenido un terrible efecto en la educación pública, la cual se ha visto reducida en matrícula y recursos. En la escuela pública hoy estudia el 30% de los estudiantes más empobrecidos, en las escuelas más empobrecidas» y agregó que «Desde el año 2006, las/os estudiantes secundarias/os se han mantenido en un estado de permanente movilización por su derecho a la educación digna. Durante todos estos años, la respuesta de los sucesivos gobiernos ha sido una mezcla de dilación, incompetencia y represión, sin resolver las legítimas demandas de los estudiantes».
González indicó que «Conforme avanza el deterioro de la escuela pública, empeora el clima escolar, aumentan los conflictos y, por supuesto, aumenta la protesta. Para afrontar esto, las direcciones de las escuelas se han vuelto en extremo autoritarias, lo que se ha facilitado con una normativa, que ha reconfigurado la convivencia en las escuelas públicas. Marcos legales como la ley de Violencia Escolar (2010) o la ley Aula Segura (2018), han instalado una cultura escolar punitiva y segregadora, que ha “judicializado” las relaciones pedagógicas, dando espacio a tratos que transgreden los derechos humanos de estudiantes y sus familias», y añadió que «Se ha instalado una cultura del castigo, en la cual la cancelación de matrícula y la expulsión, es la principal herramienta disciplinaria. La convivencia escolar deja de ser democrática, y es reemplazada por un modelo de gestión de sanciones, que emula a un tribunal de justicia penal, más que a una institución de naturaleza pedagógica y formativa. El proceso que mandata la ley, pone al director como juez y parte de un verdadero juicio (exprés), donde el niño, niña o adolescente es juzgado en su ausencia, con mínimas garantías de defensa, en un proceso, que en la mayoría de las veces es vejatorio y degradante».
Asimismo, el académico se refirió a las sorprendentes cifras de la coacción institucional contra los estudiantes: «Desde que se registra el dato, año 2016, se han expulsado a más de 7000 jóvenes de sus escuelas. Incluso, el problema se ha intensificado, sólo el año 2024 se sancionó a 2458 jóvenes. Estos son solo los informados por las escuelas, nos consta que hay muchos más estudiantes afectados, que no son informados en el proceso regular o terminan retirándose ante la amenaza de sanción, y así evitar quedar con “antecedentes”.
La gran mayoría de las sanciones informadas se registran en un porcentaje minoritario de escuelas. Del total de establecimientos educacionales en Chile, un 13,19% ha informado que usó estas sanciones. El 2% de las escuelas suma el 50% de las sanciones. Cuando revisamos qué escuela son estas, nos encontramos lamentablemente con la escuela pública, en particular con los Liceos emblemáticos, que son las escuelas históricas de nuestro país, donde se concentra hoy la protesta estudiantil».
Juan González comunicó que «Hoy las escuelas están en estado de movilización, decenas de escuelas están tomadas en la capital y en otras regiones del país. Las/os estudiantes vuelven a levantar sus petitorios y acuden a dialogar con las autoridades. La respuesta de directores, sostenedores, alcaldes y del ministerio ha sido criminalizarles (…) El Ministro primero trató a los estudiantes que protestaban de delincuentes, recientemente el alcalde de la comuna de Santiago, los catalogó de sicarios. Los medios de comunicación promueven esta mirada que deshumaniza a niños, niñas y adolescentes y demoniza la protesta».
– ¿Qué efectos tiene esto?
«Valida la vulneración de derechos. En estas escuelas se ha naturalizado, la vigilancia y el abuso policial, las acusaciones sin pruebas, el uso de testigos anónimos, los interrogatorios, el registro de mochilas, la incitación a delaciones, la vigilancia, seguimientos y toma de fotografías para usar como prueba de supuestos delitos. Los reglamentos internos de las escuelas se tornan antidemocráticos y antipedagógicos, vulnerando incluso disposiciones que están en el derecho internacional. Por ejemplo, artículos como este. “Entorpecer o interrumpir actividades ordinarias y extraordinarias de la comunidad educativa generando desmedro del clima escolar”. Se usa en muchas escuelas, para sancionar el legítimo derecho a la manifestación, expresado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Estado de Chile suscribe.
La relatora de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Reunión y la Manifestación, señora Gina Romero, en su reciente visita señaló que: “(…)he recibido información sobre dispersiones injustificadas, uso indebido de armas menos letales (como gases lacrimógenos al interior de los centros educativos) y uso excesivo de la fuerza contra protestas estudiantiles en Santiago, en especial en liceos emblemáticos. Además, he sido informada de expulsiones y cancelaciones de matrícula de los estudiantes como represalias de su participación en protestas en virtud de la aplicación de la Ley de aula segura, situación que está generando un problema grave de acceso a la educación – que no ha sido adecuadamente estudiado y cuantificado-y de salud mental. Es indispensable que se elimine la presencia permanente de personal y vehículos policiales al interior de los recintos educacionales, especialmente si son de unidades de orden público, ya que su sola presencia puede generar provocaciones innecesarias” (Documento de cierre de la visita).»
Asimismo, en representación del Foro por la Defensa de la Educación Pública», González López explicó que «La relación entre privatización, precarización de la educación pública y represión a las/os actoras/es educativos, especialmente a estudiantes es manifiesta. Es necesario frenar este proceso y restituir la democracia en las escuelas chilenas, especialmente en la escuela pública, donde está más vulnerada», y finalmente llamó «a que el Estado de Chile cumpla con su responsabilidad en materia de resguardar el derecho a la educación de NNA y a que cumpla con las obligaciones que establece el marco de DDHH, específicamente la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en donde se encuentra resguardado el derecho de manifestación y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes). Se requiere recuperar las escuelas del Estado, fortalecer la profesión docente y derogar las leyes represivas en la escuela, especialmente la ley Aula Segura.
Pedimos que el gobierno se pronuncie por la derogación de la ley Aula Segura y que las/os estudiantes sancionados sean reincorporados en sus establecimientos, si así lo solicitan, cumpliéndose las medidas de reparación pertinentes».
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