La comunidad indígena Barí de Bridikayra, en el municipio de Convención, Catatumbo, enfrenta una crisis sanitaria que ha dejado como saldo la muerte de un menor de edad y al menos 39 personas más en delicado estado de salud, la mayoría niños y niñas. La situación, denunciada por el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y organizaciones defensoras de derechos humanos, evidencia el abandono histórico del Estado hacia esta población.
Desde hace semanas, los habitantes de Bridikayra reportan síntomas como fiebre, dolores musculares, hemorragias nasales y virosis respiratorias, que ante la ausencia de atención médica oportuna se han agravado hasta cobrar la vida de un menor. Para acceder a servicios básicos de salud, la comunidad debe recorrer más de siete horas hasta el hospital de Ocaña, trayecto que en muchos casos resulta inalcanzable.
Durante la Caravana Humanitaria por el Catatumbo, realizada en julio de este año, brigadas médicas identificaron malnutrición infantil, deficiencias en el sistema inmunológico, casos de varicela, virosis respiratorias y afecciones musculares en adultos. El informe de la comisión médica ya advertía sobre el riesgo de una epidemia y la necesidad urgente de un puesto de salud permanente dentro del territorio indígena.
A ello se suma la falta de documentación de muchas familias, algunas de ellas con nacionalidad venezolana, lo que ha derivado en la negación de servicios médicos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se había comprometido en 2023 a regularizar la situación, pero hasta la fecha no ha cumplido, profundizando la vulneración de derechos de la niñez Barí.
Frente a esta emergencia, el CISCA y organizaciones sociales exigen al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo y al ICBF el envío inmediato de una brigada médica que atienda a la población afectada, así como cambios estructurales que garanticen el derecho a la salud. La demanda central es la construcción de un puesto de salud con personal permanente, que evite más muertes por causas prevenibles.
“La vida de la niñez Barí no puede esperar”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento, al tiempo que advirtieron que las problemáticas estructurales que aquejan a las comunidades del Catatumbo —falta de saneamiento básico, precariedad alimentaria, dificultades de transporte y ausencia estatal— continúan sin respuesta efectiva.
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