por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN
En mi columna del 4 de agosto, con el título: ‘De reojo… ojalá no pase de largo’, expresaba la preocupación de muchos colombianos, podría arriesgarme a decir de una mayoría, teníamos frente a cómo operaría la justicia en el caso de Álvaro Uribe Vélez.
Efectivamente se le acusó y condenó en primera instancia, pero no por los delitos que debía ser, y también resultó cierto, por ahora, que la justicia del Régimen «pasó de largo».
Aunque se diga que la memoria falla a veces, cuando se trata de la memoria de las Víctimas por lo general persiste hasta el final. Esa memoria No Olvida, No Olvida.
Así, resulta que las recientes confesiones de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la JEP, aportan nuevos elementos de investigación frente a las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango Antioquia en 1996 y 1997 respectivamente, en las cuales fueron asesinadas 24 personas; así como del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos en Antioquia (1998). Se trata de hechos que por su impacto y gravedad fueron declarados por la Corte Suprema de Justicia, en 2020, como Crímenes de Lesa Humanidad.
Sus confesiones tienen que ver con su participación en la financiación y apoyo logístico de los grupos paramilitares, vinculados al jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso- También narraron el papel clave de altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por delitos menores (fraude procesal y soborno).
De acuerdo con la confesión de Francisco Angulo, en la cual expone que: “Hice parte de la Convivir como auditor fiscal. Este grupo fue creado para ser un intermediario legal entre paras y Ejército. Teníamos con los paras una relación de amistad, de financiamiento y de entrega de información. El rol mío y el de todos los que colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres, medicinas, transporte, alojamiento, y dinero a los paras, al igual que darle información al Ejército y a la Gobernación de Antioquia de dónde debían bombardear, todo eso permitió la masacre del Aro y La Granja. Los transportadores, ganaderos, cafeteros, tenemos que ver, ya que financiamos y prestamos logística, para que el grupo ingresara y se mantuviera en la zona”.
Los hermanos Angulo dicen que la masacre de La Granja se gestó en una finca llamada El Porvenir, ubicada en Caucasia (Antioquia). A esa reunión asistieron los ganaderos y otros comerciantes de Ituango, luego que en marzo de 1996 llegara un fax a la sede de la empresa Colanta del municipio. En el documento citaban a las “personas pudientes de Ituango que tuvieron problemas con la guerrilla”. Es necesario recordar que el 12 de febrero de 2025, Francisco Angulo también vinculó en su testimonio a la empresa Colanta. Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le preguntaron: “¿Qué sabe a detalle sobre la posible relación de grupos paramilitares y la empresa Colanta?”. A lo que él respondió: “También fue citada como empresa a la reunión en Caucasia y pagaba a los paramilitares”. Cabe entonces preguntarse ¿por qué los paras envían un fax a Colanta citando a otras personas a dicha reunión?
Los hermanos Angulo en su declaración vincularon a dos funcionarios de confianza de la administración de Uribe: Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno durante ese periodo y “fallecido” en 2006, y un asesor de apellido Zapata, a cargo de tramitar la legalización de las asociaciones Convivir. Al respecto Angulo explicó el procedimiento para establecer estas organizaciones. “Había tres pasos básicos: Se constituía la asociación (la Convivir); luego debíamos tener un concepto militar favorable de la Cuarta Brigada del Ejército; después se solicitaba el reconocimiento de la personería ante la Gobernación de Antioquia (que fue firmada por Zapata); y después se tramitaba ante la Superintendencia de Vigilancia las armas y radios de comunicaciones”. Lo que llama la atención es el tiempo récord de este tipo trámites. El acta militar que permitió la existencia de la Convivir en Ituango, se expidió al día siguiente de su creación, y la resolución del reconocimiento legal desde la Gobernación fue emitida solo nueve días después.
Se trata justamente del andamiaje de una de las principales políticas de Uribe, en su paso por la gobernación y que fomentó para consolidar el poder paramilitar en la región, y luego en el resto del territorio nacional, ya como Presidente. En sus confesiones los testigos relataron prácticas estremecedoras de los paramilitares, como el arrojo de víctimas a precipicios conocidos como los voladeros de Chingalé, ubicados entre Ituango y Medellín, y vínculos familiares directos entre integrantes de Convivir y quienes ejecutaban las masacres.
Muy probablemente la justicia del Régimen colombiano hará caso omiso de la responsabilidad de Uribe, en la barbarie cometida contra el pueblo colombiano, pero las víctimas no olvidan, la memoria perdura. Este es el primer round de una pelea que no ha terminado, tampoco es el ring que debería ser. Ya llegará el adecuado donde al final la verdad se impondrá, pues ya asomó la cabeza.
Fuente: ELN Voces
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