por Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN
El 5 de septiembre de 2025, el Ministro del Interior con funciones presidenciales expidió la Resolución 294 de 2025, mientras el presidente visitaba Japón. No considero que sea fortuito que este documento plagado de incoherencias no tenga la firma del presidente Petro, sino que haya delegado para tales fines al Ministro Benedetti.
Por supuesto, esta Resolución es una nueva evidencia del buen paso con el que avanzan las negociaciones entre el gobierno nacional y el cartel narco paramilitar del Clan del Golfo en Catar. El gobierno nacional ha priorizado este proceso y se empeña en esfuerzos jurídicos para beneficiar al paramilitarismo, tanto con esta Resolución como con el Proyecto de Ley sobre tratamiento penal diferenciado radicado en julio de este año.
Mientras el Clan del Golfo es el responsable del mayor tráfico de cocaína desde Colombia hacia el extranjero y a la vez, de la guerra frontal contra los liderazgos sociales y ambientales de todas las regiones donde actúa; el gobierno hace todos los esfuerzos para elevar su perfil como un supuesto actor político.
Petro lleva la mayor parte de su gobierno negando la existencia de un conflicto armado en Colombia de raíces políticas y sociales, con el propósito de desconocer la legitimidad del alzamiento en armas de la insurgencia, pero en cambio le da reconocimiento jurídico y político al Clan del Golfo, enmarcado precisamente en el reconocimiento del conflicto armado y de la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra.
Como podemos ver, mientras Petro hace malabares para negar la existencia del conflicto armado cuando se refiere a la insurgencia, su gobierno reconoce al Clan del Golfo como una estructura nacional con “mando responsable”, cuando el país sabe que este cartel narco paramilitar funciona como una red dislocada de franquicias criminales, aliadas con élites y oligarquías regionales que se combaten y se matan entre ellas mismas, por el control de las cocinas y rutas del narcotráfico.
Mientras el presidente ha lanzado la guerra total al ELN y nos señala, sin ninguna prueba, como un cartel del narcotráfico, cede ante los probados narcotraficantes del Clan del Golfo para reconocerles como “ejército gaitanista”, en un acto de ofensa e irrespeto hacia la historia y la memoria de las víctimas en Colombia.
Lamentablemente, la política de paz de un gobierno en el que sectores sociales y populares pusieron sus esperanzas, hoy cede con sumisión a la presión y estrategia narco paramilitar de copar territorios y asesinar líderes sociales, estrategia que actúa en connivencia, apoyo y complicidad con la Fuerza Pública en varias regiones del país, como el Cauca, Chocó y sur de Bolívar. Con quien prioriza hablar de paz este gobierno, es con aquellos que han expresado claramente que su accionar criminal está en función de defender intereses de transnacionales, empresarios, gamonales y grandes ganaderos, que no están en guerra contra el Estado ni contra el régimen, sino contra la insurgencia y las organizaciones populares.
No deja de ser una gran contradicción en la política de paz, que en lugar de atender el clamor masivo de las regiones para desmantelar el paramilitarismo, así como a las denuncias de connivencia entre estos actores y la Fuerza Pública que los apoya y les facilita su actuación criminal, la respuesta del gobierno sea otorgarles beneficios y reconocimientos, sin abrir ni siquiera una discusión sobre la situación del paramilitarismo hoy, sus intereses y los grupos políticos y económicos a quienes realmente representa el Clan del Golfo.
Como vemos, a la apuesta de paz de este gobierno pareciera no caberle una incoherencia más.
Adenda: Mientras la Mesa de Diálogos de paz con el ELN no existe hace muchos meses, los funcionarios del gobierno para la paz con el ELN siguen cobrando, así… ¡que viva la paz con incoherencias!
Fuente: ELN Voces
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