por Manuel Acuña Asenjo
PRELIMINAR
El debate acerca de si sería o no posible intentar la construcción de un sistema de seguridad social, a partir de ciertas modificaciones a la forma establecida para financiar la capitalización empresarial, ha llegado a su término. El día miércoles 29 de enero recién pasado, el Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto presentado por el Ejecutivo el 7 de noviembre de 2022. El proyecto aprobado, naturalmente, no es el mismo: el término del sistema ideado por José Piñera Echenique, ministro de la dictadura pinochetista, para financiar al empresariado mediante el uso indiscriminado de los dineros ahorrados en forma obligatoria por los trabajadores, no solamente fue imposible llevarlo a cabo sino, por el contrario, entregó un resultado por entero imprevisto: el robustecimiento del sistema que se buscaba abolir. Las Administradoras de Fondos Previsionales AFP recibirán mayor cantidad de dinero, lo que las hará más difíciles, aún, de controlar.
Las cifras entregadas por un analista, hace algunos días, nos puede dar una idea del monto de los dineros manejados por estas organizaciones, de las que tres (Provida, Cuprum y Hábitat) pertenecen al ‘American Council of Life Insurers’ (ACLI):
“El total de cotizaciones salariales transferido al sistema AFP desde 1981 hasta noviembre de 2024, suma casi 300 mil millones de dólares, cifra similar al PIB del año 2024 y equivalente a tres veces la masa salarial de ese año, completa. A ello hay que agregar un total de 75 mil millones de dólares en subsidios fiscales directos al pago de pensiones AFP, que han financiado dos tercios de las mismas, mediante endeudamiento contraído con el sistema AFP que equivale a dos tercios de la deuda fiscal total. Restando a lo anterior el costo total de las pensiones pagadas por este sistema en toda su historia, que suma 123 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo recaudado en cotizaciones, ello arroja un excedente corriente neto de 245 mil millones de dólares de salarios y subsidios transferidos al sistema AFP”.
NO SE HA REALIZADO REFORMA ALGUNA DE PENSIONES
Sostenemos nosotros que la aprobación del referido proyecto no implica reforma alguna a un sistema de pensiones o seguridad social. Porque reformar es ‘volver a hacer’, volver a formar, rehacer. Y si se quiere, recomponer. Para que sea posible hacer la reforma de algo es necesario que ese algo exista. Y he ahí donde nos tropezamos con una dificultad. Porque no se puede reformar lo que no se ha formado. Que es lo que sucede con la previsión o seguridad social. Así como no se puede dar lo que no se tiene, tampoco se puede reformar lo que no existe.
De lo cual sostenemos nosotros que en Chile no hay seguridad social, con la excepción de aquella establecida para las fuerzas armadas. Para el resto de los chilenos la seguridad social llegó a su término cuando José Piñera Echeñique, ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, ideó una forma de financiar a las empresas nacionales y extranjeras ―llamado ‘sistema de las administradoras de fondos previsionales’―, empleando el dinero que los asalariados chilenos ahorran para cuando dejan de vender su fuerza o capacidad de trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por el contrario, a diferencia de lo establecido en la legislación chilena, la seguridad social se caracteriza por la participación activa de tres sujetos involucrados en su funcionamiento, a saber, trabajadores, empleadores y Estado. Cada uno de esos actores no solamente aporta una cuota de dinero al fondo de reparto sino participa activamente en la determinación del destino del mismo. En suma, administran el patrimonio social.
En Chile, hasta 1973 existieron ‘Cajas de Previsión Social’, organismos que funcionaban con esa trilogía de actores, que se repite en numerosas formaciones sociales como forma de proteger los dineros de quienes, por motivos de edad o enfermedad, no van a seguir trabajando. Esas ‘Cajas’ desaparecieron con la dictadura militar y con el eficiente trabajo que en beneficio de los sectores dominantes de la sociedad realizó José Piñera. Y con ello desapareció, igualmente, la propiedad de los fondos previsionales en manos de los trabajadores. Ese dinero se traspasó íntegro al directorio de las aseguradoras. Del mismo modo, llegó a su término la posibilidad de elegir a los directores de esas cajas en representación de los asalariados.
LA PERSISTENTE VIGENCIA DE LAS AFP
El término del régimen dictatorial no puso fin a la existencia de las AFP, así como tampoco lo hizo con muchas otras innovaciones del pinochetismo. Las clases dominantes siguieron dominando y han seguido haciéndolo durante todos estos años de democracia post dictatorial. A veces lo hacen directamente, por sí mismas; pero otras veces actúan por ‘interpósita persona’. En este último caso, lo normal es que lo hagan a través de la ‘elite política’, conjunto parasitario de actores políticos que se crea a partir del actuar conjunto de ministros, parlamentarios, alta jefatura de los servicios públicos y empresas estatales, y la dirigencia de algunos partidos, junto a la clientela electoral que las organizaciones políticas recaban de los más variados sectores. La dictadura ha seguido gobernando al país con esos nuevos actores y en democracia. A lo que han contribuido eficazmente los partidos políticos como lo señala un antiguo dirigente social: “No logro entender qué intenciones tienen los políticos de hoy. Siempre fueron ambiciosos, pero hubo un tiempo en que la gente tenía ideales genuinos, fueran demócrata cristianos o incluso de derecha. Ahora estamos en una época donde ni los fachos ni la izquierda tienen ideales, son puras bolsas de empleo”.
Por eso sostenemos nosotros que en Chile el sistema de seguridad social se extinguió el 11 de septiembre de 1973 ―quedando como resabio el que hoy tienen las fuerzas armadas―, reemplazándosele por un sistema de capitalización para el sector empresarial nacional e internacional.
La existencia de esa ‘elite’ fue, por lo demás, lo que impidió terminar con las AFP pues muchos diputados, senadores, ministros de Estado, se desempeñaron como directores de esas administradoras, mantenían estrechos vínculos con sus directivos o recibían dinero de las mismas ya sea para sus campañas electorales o para sus gastos personales. En esas empresas conseguían, igualmente, puestos de trabajo para sus familiares y amigos.
UNA PROMESA Y UNA REALIDAD
En diciembre de 2021, recién electo, decía Gabriel Boric sobre un sistema de seguridad social: “En nuestro gobierno garantizaremos un sistema de pensiones sin AFP que asegure dignidad, una pensión mínima de $250.000 es un piso mínimo para quienes trabajaron toda su vida puedan vivir con un poco más de tranquilidad en la vejez”.
Gran parte de las promesas que hizo Boric no se han cumplido. Y no se van a cumplir en los pocos meses que quedan de este sexto gobierno concertacionista. Esta es una de aquellas. Y no ocurrirá porque la debilidad de la coalición gobiernista es manifiesta. Se encuentra, como lo señala un analista, bajo el estigma de actuar ‘en la medida de lo posible’.
El contenido del proyecto aprobado, en breve se convertirá en ley, pero no es lo que muchos esperaban en materia de aumento de pensiones. Desglosando su texto, señala otro analista, al respecto: “A cambio de míseros y graduales incrementos en pensiones, que sólo abundan en mezquina letra chica y son íntegramente de cargo fiscal, elevan en los hechos la edad de jubilación de las mujeres en cinco años y el descuento “previsional” de 13 a 20 por ciento de los salarios imponibles. Todo el incremento de la recaudación, siete mil millones de dólares anuales, se transfiere al mercado de capitales, mismo destino de los catorce mil que descuentan hoy. Para beneficio de gestores financieros y grandes empresarios, especialmente los cuatro grupos que controlan el sistema AFP”.
Es importante destacar, sin embargo, que el intento de modificar el abusivo régimen de las AFP realizado por este gobierno ha sido el más exitoso desde el inicio de la democracia postdictatorial. El periódico Ex Ante, de reconocida tendencia empresarial, así lo reconoce: “Se trata del mayor cambio estructural al sistema de pensiones desde su creación en 1981 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, con José Piñera como ministro del Trabajo”.
A pesar de ello, las voces críticas al mismo se han levantado dentro del oficialismo por lo que, comentando ese panorama, señalaba con bastante elocuencia un diario digital; “No obstante, en la interna se reconoce que es la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo que se reflejó en el apretado abrazo entre los ministros”.
Menester es decir, no obstante, que no se trata de un cambio al ‘sistema de pensiones’, como lo señala la primera cita pues, como ya lo dijimos, desde el advenimiento de la dictadura, en Chile no hay sistema de pensiones sino un fondo de capitalización destinado a servir de caja al empresariado. Por consiguiente, sí se puede afirmar que es el mayor cambio realizado a ese fondo de capitalización.
LO QUE ES EL PROYECTO
El proyecto es bastante extenso y hace referencia a numerosos aspectos que no son del caso analizar en su totalidad. A nuestro entender, se trata de un proyecto que introduce leves modificaciones a ciertos aspectos del sistema de financiamiento empresarial establecido por la dictadura, a la vez que reafirma vigorosamente su vigencia. La negociación, realizada por un gobierno extremadamente débil y que, por lo mismo, se ha visto impedido de llevar adelante su programa, ha robustecido al sistema, al extremo que su principal mentor no ha vacilado en exclamar: “Larga vida al sistema de capitalización individual”.
No obstante, al asignar un rol más dinámico al Estado, aumentar la cotización previsional por parte del empresariado, introducir la vigencia de un seguro social y extender la PGU a sectores que se encontraban marginados de sus beneficios, ha alcanzado logros que parecen ser los más importantes de la coalición gobiernista frente a una oposición tremendamente agresiva y avara, circunstancia que parece reconocer el Comando de Exonerados Políticos en carta enviada al presidente, agradeciendo su gestión: “Queremos agradecer públicamente la voluntad del Presidente Gabriel Boric Font, que acogió la solicitud de las organizaciones de víctimas de la dictadura cívico-militar, incluida nuestra asociación, instruyendo a sus equipos ministeriales acabar con la exclusión de los pensionados por leyes reparatorias en relación a la PGU”.
Es lo que nos inclina a estimar, como lo hiciera un analista, que si “En el pasado ―desde 1981 hasta 2006― debimos callar y, ante la ausencia de información, confiar en las predicciones de los creadores y apoyadores de la reforma de capitalización individual”, hoy celebramos ese magro triunfo logrado en beneficio de un sector que, en verdad, lo necesita. Lo que no nos exime dejar de señalar, en modo alguno, que “Pese al regocijo de darle mayor profundidad al mercado financiero, la creación de un seguro social y el mayor fortalecimiento de componentes solidarios que asegura esta reforma, el tema previsional sigue en deuda”.
EL GOBIERNO DE BORIC
El Gobierno de Boric no ha cambiado la forma de financiamiento establecida para las empresas por la dictadura militar; por el contrario, ha robustecido dicho modo de operar al aceptar que el aumento de la cotización empresarial vaya a las AFP. Pero no se le puede reprochar por ello. Porque, como lo señala, con acierto un refrán chileno: ‘No se le piden peras al olmo’. Ni se discuten las afirmaciones (torpes, por cierto) de la Asociación de AFP pronunciándose cómo o de qué manera ha de operar la solidaridad: “Reiteramos que la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera hacerse con impuestos generales, o bien con un endeudamiento estatal transparente y en los mercados financieros. La solidaridad no debe financiarse con la remuneración de los trabajadores ni con la incorporación de reparto, ya que se termina perjudicando las pensiones de aquellos que, con mucho esfuerzo, cotizan y trabajan formalmente”.
Solidaridad no es eso. Solidaridad es la colaboración que se prestan mutuamente los seres humanos en caso de necesidad. Es cooperación, ayuda mutua, una forma de relación social; no un acto mercantil.
Esas barbaridades idiomáticas no se formulan porque sí. En los sistemas sociales cuya moral es el lucro, la solidaridad es limosna estatal, no esa ayuda recíproca que los seres humanos se prestan entre sí. Porque la competencia no admite forma alguna de solidaridad. Y es lo que no ha cambiado ―y debe cambiar― en esta democracia post dictatorial.
Notas
Riesco, Manuel: “Un acuerdo mal llamado ‘reforma de pensiones”, RUCH, 29 de enero de 2025
Rojas, Matías: “Lalo Meneses a 35 años de Panteras Negras: ‘Ni los fachos ni los de izquierda tienen ideales hoy, son puras bolsas de empleos’”, ‘El Desconcierto, 26 de enero de 2025.
Redacción: “Reforma a las pensiones: Boric privilegió el diálogo y la derecha cedió sin perder tanto”, ‘El Mostrador’, 30 de enero de 2025.
Contardo, Óscar: “La medida de lo posible”, ‘La Tercera’, 02 de febrero de 2025.
Riesco, Manuel: “Un acuerdo mal llamado ‘reforma de pensiones”, RUCH, 29 de enero de 2025.
Troncoso, Jaime: “Paso a paso: Cómo operará el nuevo sistema de pensiones tras la mayor reforma en Chile desde 1981”, ‘Ex Ante’, 29 de enero de 2025.
Redacción: “Reforma a las pensiones: Boric privilegió el diálogo y la derecha cedió sin perder tanto”, ‘El Mostrador’, 30 de enero de 2025.
Martínez, Rodrigo: «»Larga vida al sistema de capitalización individual»: La exclamación de José Piñera a horas de aprobada la reforma”, ‘Diario Financiero’, 30 de enero de 2025.
Uthoff, Andras. “Testimonio sobre la reforma de pensiones. El tema previsional sigue en deuda”, Ciper, 31 de enero de 2025.
Meza, Cristián: “Asociación de AFP lamenta aprobación de reforma: “El costo lo pagarán generaciones completas de pensionados”, ‘El Dínamo’, 29 de enero de 2025.
